Paula Ruiz
Horas después de haber sido aprobadas este sábado en Plenario, Carlos Alvarado, presidente de la República firmó los documentos para convertirlas en Ley de la República.
Se trata de las iniciativas que permiten al patrono reducir las jornadas laborales, debido a la afectación por la COVID-19.
El otro se relaciona con las comisiones máximas para proveedores que prestan el servicio de datáfonos, que permiten a los comerciantes cobrar a través de tarjetas de crédito o débito.
Desde Casa Presidencial informaron que el mandatario, estampó su firma, tras recibir la documentación desde el Primer Poder de la República.
El Gobierno espera que con la entrada en vigencia de estas legislaciones, se alivie la situación que enfrentarán miles de comerciantes en los próximos meses, afectados económicamente por el nuevo coronavirus.
Lo anterior, principalmente por el cierre de fronteras, bares, discotecas, casinos y aislamiento social, que provocó un freno en turismo y visitación a lugares de reunión.
¿Qué se aprobó?
En una sesión extraordinaria durante este sábado, los diputados autorizaron a los patronos a reducir la jornada en hasta 50% el número de horas de la jornada ordinaria de trabajo, solo en el contexto de la emergencia nacional.
Para ello, la empresa está obligada a verificar la reducción de sus ingresos en mínimo 20%, producto de la crisis económica por el nuevo coronavirus.
La demostración deberá hacerla mediante una declaración jurada suscrita por el representante legal de la empresa y autenticada por un abogado.
Lo autorizado también implica:
• Una reducción de hasta el 75% de la jornada laboral, cuando compruebe que producto de la emergencia nacional sus ingresos se redujeron en hasta 60%
• Esa disminución en la jornada laboral es solamente por un plazo de tres meses, prorrogables por el mismo período en caso de que se mantenga la emergencia nacional
• Si la persona no acepta la modificación, se autoriza a la suspensión del contrato laboral
En cuanto a datáfonos, autoriza al Banco Central a establecer las comisiones máximas que puedan cobrar los proveedores del servicio, pero tras la realización de estudios.
El incumplimiento de la Ley implica multas desde ¢450.000 hasta ¢90 millones (datos a 2020).
Las revisiones ordinarias se realizarán una vez al año, aunque podrían darse otras de forma extraordinaria.
