Paulo Villalobos
Los supuestos responsables de la muerte del dirigente indígena Brörán, Yehry Rivera, quedaron libres este jueves por decisión del Juzgado Penal de Buenos Aires, Puntarenas.
El órgano jurisdiccional descartó las medidas solicitadas por la Fiscalía Adjunta de Narcotráfico y Delitos Conexos, contra dos hermanos de apellido Varela, de prisión preventiva para el mayor, de 45 años, y arresto domiciliario para el otro, de 44.
En su lugar, el juez impuso una prohibición de acercarse a testigos al primero -quien se entregó después del deceso del líder originario- y dispuso la liberación de los imputados.
El Ministerio Público informó apeló, por lo que está a la espera de que se señale una nueva audiencia, en la que reiterará la petición de las medidas solicitadas en un primer lugar.
Los Varela son investigados por el aparente delito de homicidio calificado bajo el expediente 20-000108-0990-PE, que se encuentra en la fase de recolección de prueba.
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Cinco tiros
Un informe preliminar del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) determinó que Rivera falleció la noche del lunes producto de cinco heridas de arma de fuego en Térraba.
Los mismos fueron propiciados por el mayor de los hermanos, quien se cree que detonó la pistola en defensa de su familiar, que sostenía un altercado con Yehry Rivera.
El director de la Policía Judicial, Wálter Espinoza, mencionó que el crimen se dio por un conflicto por los territorios.
El cuerpo del dirigente originario presentaba impactos de bala en la cabeza, hombro, axila y espalda; y fue trasladado a la Morgue Judicial para que se le practique una autopsia.
De igual manera el Organismo de Investigación remitió a los laboratorios del Complejo de Ciencias Forenses los indicios balísticos que fueron recolectados en la escena.
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Indignación y presión
La muerte de Yhery Rivera en Térraba es la segunda registrada en el último año producto de la disputa territorial que sostienen los pobladores autóctonos con finqueros.
El 18 de marzo de 2019, el dirigente Bribri Sergio Rojas, fue ultimado a balazos en su casa de habitación en la comunidad de Salitre, en Buenos Aires de Puntarenas.
Condeno el asesinato del dirigente indígena Yeri Rivera en Térraba. Lamento profundamente los hechos de violencia ocurridos el día de hoy en esa comunidad.
Ya se ha procedido a la detención del presunto responsable. Mañana anunciaremos más medidas en esta materia. pic.twitter.com/ofpYY3scOK— Carlos Alvarado Quesada (@CarlosAlvQ) February 25, 2020
Ambas localidades son protegidas por la medida cautelar MC-321-12 que estableció la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) mediante la resolución 16/15 del 30 de abril de 2015.
Una semana atrás, tras el ataque que resultó herido otro líder indígena, llamado Minor Ortiz, la administración de Carlos Alvarado rindió cuentas – sin precisar una cantidad – de los desalojos de tierras ocupadas por no indígenas en las zonas, así como la elaboración de un plan de seguridad.
Pero este martes, la Defensoría de los Habitantes denunció ante el secretario ejecutivo de la Comisión, Paulo Abräo, que los espacios generados hasta ahora por parte del Gobierno para un efectivo diálogo no han sido suficientes ni eficaces en lograr resultados sobre las prioridades expuestas por los pueblos indígenas.
“No han sido suficientes ni eficaces en lograr resultados concretos en la atención de las prioridades expuestas por los pueblos indígenas, y en general para la efectiva implementación de la medida cautelar dictada casi cinco años atrás a favor de los pueblos indígenas de Salitre y Térraba”, cuestionó el ente adscrito a la Asamblea Legislativa.
#Pronunciamiento @defensoriacr eleva informe ante CIDH sobre hechos en territorios indígenas. Condena asesinato anoche de dirigente indígena y llama al Estado a liderar acciones inmediatas y efectivas https://t.co/oCtnI6ZQLW
— Defensoría CR (@defensoriacr) February 25, 2020
Precisamente los diputados acordaron el miércoles pedir cuentas al Viciministerio de Asuntos Políticos y Diálogo Ciudadano así como al Ministerio de Seguridad Pública (MSP), un informe sobre las acciones tomadas para garantizar el cumplimiento de las medidas cautelares establecidas por la Comisión de Derechos Humanos (CIDH).
El mandatario Alvarado, el Congreso y la coordinadora residente de las Naciones Unidades en Costa Rica, Alice H. Shackelford, lamentaron el asesinato de Rivera.
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Paulo Villalobos
