Juan Pablo Arias
La Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) y el sector bancario refutaron este miércoles las declaraciones que hizo el fiscal general interino, Warner Molina, en su comparecencia ante la Asamblea Legislativa, en las que minimizó el trabajo de prevención del lavado del dinero.
“(Las declaraciones de Molina) no son consecuentes con el trabajo que ha venido realizando la Superintendencia en conjunto con el Sistema Financiero Nacional, en la prevención de los riesgos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo”, indicó la Sugef en un comunicado.
Según la superintendente Rocío Aguilar, “desde la última evaluación realizada por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) en el 2015, el organismo regional destacó el entendimiento de los riesgos por parte del Sistema Financiero y la labor que se realiza, reconociéndole como uno de los sectores que muestra mayor madurez y comprensión”.
Asimismo, la jerarca enfatizó la labor que han realizado las entidades financieras, al realizar grandes inversiones en sus procesos preventivos de lavado de dinero, tecnología, capacitación de personal y otras medidas.
También destacó la actualización constante de la normativa prudencial que emite el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif), para cumplir con las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Tal es el caso de la Reglamentación que entrará en vigor a partir del 1º de enero de 2022, la cual fortalece la debida diligencia que deben realizar las entidades financieras sobre clientes políticamente expuestos (PEP), el financiamiento a los partidos políticos y la recepción de dinero en efectivo, en especial en moneda extranjera.
Espacios de coordinación
Según la superintendencia, las recomendaciones del GAFI -y las mejores prácticas internacionales en la materia- promueven una amplia coordinación interinstitucional.
“Es por esto que tanto el Conassif, como las superintendencias y las entidades financieras, mantienen las puertas abiertas para mejorar la coordinación que considere necesaria la Fiscalía General de la República, con vista a mejorar la consistencia y calidad de los reportes de operaciones sospechosas”, señala el comunicado de Sugef.
La Cámara de Bancos, por su parte. cuenta con un comité interinstitucional, en el que la Fiscalía participa periódicamente y también funciona la Comisión Interinstitucional contra la Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo, establecida mediante el Decreto Ejecutivo No. 39077-MP-RREE-SP-H., en la que el Ministerio Público tiene un asiento permanente.
“En ambas instancias existe el espacio para dar la retroalimentación que se considere necesaria, plantear inquietudes y oportunidades de mejora al sistema preventivo, objetivo que todos compartimos”, indico Aguilar.
Evaluación del Gafilat
Posterior a la última evaluación del Gafilat a nuestro país, se han realizado importantes mejoras a través de reformas de Ley y Reglamentarias, con el objeto de cumplir con las recomendaciones del GAFI y mejorar así la efectividad de su implementación. Tanto el cumplimiento técnico como la efectividad han sido radicales, gracias a la participación directa y comprometida del sistema financiero nacional.
Costa Rica ha demostrado ante el Gafilat importantes mejoras y avances en la implementación de controles mediante sistemas electrónicos, como por ejemplo el Registro de Transparencia y Beneficiarios Finales y los sistemas para la inscripción y supervisión de las Actividades y Profesiones no Financieras Designadas (Arts 15 y 15 Bis de la Ley 7786) y próximamente con la puesta en operación del Centro de Información Conozca a su Cliente (Cicac), desarrollo tecnológico de avanzada y pionero a lo que se viene realizando internacionalmente.
“Las recomendaciones del GAFI se mantienen en constante evolución, imponiendo nuevos retos a los países, lo cual hace que necesariamente haya que actualizar y adaptar el marco legal en aspectos que así se requieran internacionalmente”, dijo la superintendente Aguilar.
“Esto hace imprescindible la participación coordinada de muchos actores, como la Asamblea Legislativa, la Presidencia de la República, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), el Ministerio Público, el Sistema Financiero Nacional, el sector privado, entre otros; por lo que delegar la responsabilidad de un tema país en una sola institución sería completamente improcedente”, agregó.
“Bancos cumplen”
Los bancos públicos y privados del país aseguraron este miércoles cumplen con su obligación de reportar ante el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) cualquier operación sospechosa de lavado de activos o financiamiento al terrorismo.
“El Sector Financiero es de los más regulados en materia de legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo, por eso asume con mucha seriedad este tema. La Sugef fiscaliza los departamentos de cumplimiento de todas las entidades y las labores que realizan, en procura de garantizar que las personas que utilizan el Sistema Bancario Nacional lo hagan de manera transparente, correcta y legal”, manifestó Mario Gómez, asesor legal de la Asociación Bancaria Costarricense (ABC).
Las operaciones sospechosas o inusuales son aquellas que no se ajustan al patrón de transacción habitual de cada cliente, que resultan sin justificación material, económica o legal evidente, o de complejidad injustificada. Estas operaciones deben ser comunicadas directamente a la Unidad de Inteligencia Financiera del ICD, en forma confidencial.
Los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) cumplen con estándares internacionales y tienen el propósito de evitar que en el Sistema Bancario Nacional circulen recursos provenientes de actividades ilícitas. Los bancos están en la obligación de cerrar cuentas si hay movimientos sospechosos.
Según datos del ICD en 2020 recibieron 550 Reportes de Operaciones Sospechosas, de los cuales 409 fueron realizados por los bancos y en los primeros siete meses del 2021 recibieron 366 reportes, 260 de ellos por parte de entidades bancarias.
“Es claro que los ROS son solamente un instrumento más del cual pueden hacer uso las autoridades judiciales en los casos que tramitan, y que muy probablemente requieran de otros elementos de prueba para concretar sus investigaciones, pero eso no le resta relevancia de estos reportes, que por obligación deben realizar los bancos”, concluyó Gómez.
