Paula Ruiz
La Superintendencia General de Seguros (Sugese) advirtió a los diputados que incrementar en un 91% el impuesto a los reaseguros se traducirá en riesgos para diversos sectores.
Tomás Soley, superintendente de Seguros, realizó una exposición este miércoles ante los diputados de la Comisión de Asuntos Jurídicos.
Dicho foro legislativo analiza el proyecto de ley 22.369 que aumenta dicha tarifa para los reaseguros. La propuesta es una de las iniciativas que pactó el Ministerio de Hacienda con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
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Actualmente, la tarifa del tributo en Costa Rica es de 5,5%, pero con la propuesta de Hacienda se ampliaría hasta el 10,5%, es decir, tendría un incremento del 91%.
Soley advirtió que ya el 5,5% es alto si se compara con países de América Latina o con miembros de la OCDE.
Costa Rica ocupa la segunda posición con los tributos más altos solo superado por Bolivia con un 12,5%.
“Los reaseguros son necesarios para la gestión de riesgo en eventos como terremotos o inundación, donde el hombre no tiene mucho que hacer y el país está dentro de los 10 más riesgosos a nivel mundial”, afirmó el superintendente.
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Soley resaltó que esto generaría una afectación incongruente con la política pública planteada para los próximos años. Además, provoca una afectación en la estabilidad y eficiencia del mercado de seguros.
El Superintendente recordó que ya este sector tiene otras cargas fiscales en beneficio del Cuerpo de Bomberos, el Instituto Nacional de Seguros (INEC) así como el Impuesto sobre el Valor Agregado (IVA) y el aporte a financiamiento de supervisión.
Aumento de precios
De aprobarse el incremento, se encarecerán las pólizas para los clientes pues las reaseguradoras trasladarán ese costo.
Además, provocaría un incremento de aseguramiento de servicios públicos como el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), empresas telefónicas, puertos y acueductos, detalló Soley.
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Adicionalmente, generaría un desincentivo para que las personas compren seguros y una reducción de competitividad de quienes brindan el servicio.
La Asociación de Aseguradoras privadas también manifestó de previo su oposición a esta iniciativa. En contraparte, la Contraloría General de la República se mostró a favor del expediente.
