Juan Pablo Arias
La Superintendencia General de Seguros (Sugese) y las 13 aseguradoras que operan en Costa Rica previnieron a los diputados sobre el encarecimiento de las pólizas que provocará un impuesto a los reaseguros.
La preocupación surge a partir del proyecto de ley 22.369 presentado por el Poder Ejecutivo como uno de los acuerdos pactados con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para tener acceso a un empréstido por $1.750 millones.
De acuerdo con la iniciativa, por los reaseguros, los reafianzamientos y las primas de seguros de cualquier clase, se tendría que pagar una tarifa del 10,5%.
La cifra es muy superior a la retención del 5,5% que actualmente se hace a las empresas reaseguradoras que no tienen representantes en el país. Así las cosas, el incremento sería de más del 91%.
“A todas luces es un porcentaje de aumento totalmente desproporcional”, opinó Norma Montero, directora de la Asociación de Aseguradoras Privadas (AAP) en un oficio enviado a los diputados.
La observación sobre el incremento fue compartida por Róger Arias, presidente del Instituto Nacional de Seguros (INS), quien pidió a los diputados revisar la proporcionalidad del cambio.
El reaseguro es una herramienta con la que cuentan las aseguradoras para administrar sus riesgos. Les permite trasladar parte de las pérdidas por grandes desviaciones negativas de siniestralidad a las entidades reaseguradoras.
La propuesta plasmada en el proyecto 22.369 ocasionaría un incremento en las primas de al menos un 5,5% en los seguros generales (como la línea de incendio) y un 6,1% en seguros personales (como los de vida, salud y accidentes).
Según datos compilados por Sugese, en Costa Rica para el año 2020 el mercado asegurador remesó primas de reaseguro por el orden de ¢112.727 millones, lo que generó ¢6.200 millones de retención por el impuesto a las remesas, un monto que se pretende casi duplicar con el nuevo proyecto de ley.
Tarifa propuesta es de las más altas
Sugese hizo un análisis sobre la tarifa que se cobra en los países de Iberoamérica y constató que la mayoría tienen tasas de impuesto que pesan sobre las primas de reaseguro que oscilan entre 0% y 5%.
Además las jurisdicciones consultadas cuentan con numerosos tratados para evitar la doble tributación, para evitar cargas y distorsiones que puedan afectar a los consumidores locales y afectar la competitividad del país a nivel internacional.
“La revisión realizada por la Superintendencia reporta que ya la tarifa local vigente es de las más altas de Latinoamérica restando competitividad y acceso a una herramienta fundamental para la gestión del capital y los riesgos del mercado asegurador. En caso de aprobarse el proyecto sería una de las tarifas más elevadas”, explicó Tomás Soley, superintendente de Seguros.
Añadió que la propuesta de gravar con una tarifa el reaseguro resulta “un despropósito” por el impacto en el desarrollo y estabilidad del mercado.
“Resulta contradictorio e inconsistente con los esfuerzos de inclusión financiera y la agenda de desarrollo sostenible impulsada por el país. (…) Encarece el seguro y el acceso a nuevos productos con lo cual se debilitan los esfuerzos de inclusión financiera para lograr mayor resiliencia de las comunidades y la reducción de los riesgos fiscales por eventos catastróficos. Temas todos considerados en recomendaciones de organismos internacionales como el FMI, la IAIS y la OCDE”, explicó Soley.
Primas llenas de cargos
La Superintendencia también explicó a los diputados que en Costa Rica, con el paso del tiempo se han asignado a las primas de seguros una serie de cargas y contribuciones que distorsionan el precio que las personas y las empresas pagan por sus seguros.
Como ejemplo de estas cargas se puede mencionar el Impuesto al valor agregado (IVA), la contribución al cuerpo de bomberos, la contribución establecida en la ley del Sistema de Estadística Nacional, y en el futuro cercano el financiamiento de la supervisión.
“El aumento en el precio de las primas por factores ajenos a cuestiones técnicas, representa un importante obstáculo tanto para la reactivación económica y para la competitividad del país”, señaló la Sugese en su informe técnico a los diputados.
En opinión del ente supervisor, cualquier tipo de modificación a la tarifa debería contemplar de igual manera mayor precisión en la forma en que se calcula dicho impuesto.
“En los términos en que se encuentra el proyecto de ley y ante la ausencia de un tratado marco de doble imposición, lo que se estaría generando es la obligación de los reaseguradores de pagar vía gravamen de remesas al exterior el impuesto de renta en Costa Rica y verse obligados también a cancelar el respectivo impuesto de renta en su país de origen”, indicó Sugese.
Para la Superintendencia, dicha situación generaría un gasto adicional que necesariamente será transmitido vía costo a las primas de seguros que pagan los asegurados.
