Juan Pablo Arias
Una moratoria obligatoria y generalizada en el pago de cuotas bancarias y primas de seguros por un periodo de cuatro meses golpearía la solvencia de los bancos y las aseguradoras, advirtieron este viernes Bernardo Alfaro y Tomás Soley, superintendentes de Entidades Financieras y Seguros, respectivamente.
Así lo explicaron en una audiencia con los diputados, vía remota, en la que participaron los legisladores que estudian los proyectos de ley relacionados con la atención de la crisis por la enfermedad el coronavirus. Uno de ellos propone una moratoria de cuatro meses con posibilidad de extenderla a ocho.
Reunión remota de los diputados con los supervisores financieros. (Tomado del Facebook del diputado Pablo Heriberto Abarca)
Según los jerarcas de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) y la Superintendencia General de Seguros (Sugese), crear una ley con una moratoria generalizada podría tener efectos adversos sobre la estabilidad del sistema financiero.
“Hay sectores que no la requieren (la moratoria) y el impacto en la liquidez de un periodo tan prolongado sería muy alto”, comentó Alfaro.
De igual manera opinó Soley, quien además advirtió que sobre el sector asegurador el riesgo es mayor, pues pone a las empresas al borde de un cierre técnico.
La propuesta del proyecto de ley es diferente de los acuerdos que comunicó el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif), para flexibilizar indicadores que sí permiten a las entidades llegar a acuerdos con los clientes y que sí tienen el respaldo de las superintendencias.
Ambas autoridades recomiendan que bancos y aseguradoras son los que tienen que analizar los espacios que tienen para actuar y ajustar sus políticas, con miras a su sostenibilidad futura.
Compromete solvencia
Para el superintendente de Seguros, la aprobación de este tipo de ley, generalizada, afectaría de muerte al sector asegurador.
“Lo que hay que tener claro es que de cada ¢100, unos ¢76 se usan para pagar indemnizaciones. Es imposible sobrevivir una moratoria de cuatro meses sin afectar la solvencia de una aseguradora gravemente. Esto pone en peligro lo que se avanzó en 12 años de apertura del mercado”, enfatizó Soley.
Explicó que en el sector asegurador los patrimonios no están preparados para una decisión de este tipo, porque no responde la coyuntura o el comportamiento del mercado.
“De aprobarse el proyecto estos indicadores se dispararían generando consigo la necesidad de registro de más gastos por estimaciones de incobrables y el consiguiente efecto en el estado de resultados de las aseguradoras.
“El sector asegurador costarricense, igual que el del resto del mundo, no tendría la capacidad patrimonial para sostener una moratoria de pago de primas como el descrito”, comentó Soley.
Agregó que cuatro meses sin ingresos para una aseguradora es equivalente a un cierre técnico.
Asimismo, las aseguradoras se verían imposibilitadas de pagar reaseguros y golpearía financieramente a los intermediarios que en una gran mayoría son PYMES que se verían en muy pocos meses desarticulados y obligados a cerrar.
En 2019, en Costa Rica se pagaron indemnizaciones por ¢403.644,79 millones. Al cierre de febrero 2020 el total de primas por cobrar en plazo era de ¢255.152 millones (un 11,46% del total de activos).
Sector bancario
Una posición similar manifestó, Alfaro de Sugef, quien considera que las medidas aprobadas ya por Conassif dan el espacio para que los deudores lleguen a arreglos de pago con sus bancos.
“En la reunión de hoy en la mañana la Sugef mantuvo la tesis que una moratoria generalizada por cuatro meses no es conveniente porque ha sectores que no la requieren (y el impacto en la liquidez sería muy alto”, dijo.
Alfaro agregó que los diputados quedaron de determinar cuáles sectores en particular serían los que sí requieren la moratoria general con mayor urgencia, de modo que se verá el tema de nuevo lo antes posible.
