Paulo Villalobos
El Juzgado Penal de San Carlos separó por seis meses al alcalde de Upala, Juan Bosco Acevedo Hurtado, mientras se le investiga por aparentes irregularidades en el pago de contratos para la reparación de carreteras en el cantón y peculado.
Según detalló la Fiscalía, el órgano jurisdiccional impuso al funcionario las medidas cautelares de:
- firmar mensualmente en la sede del Ministerio Público más cercana
- impedimento de salida del territorio nacional
- prohibición de molestar, amedrentar, intimidar a los testigos del caso
El gobernador local aspira a reelegirse bajo la bandera del Partido Liberación Nacional (PLN). Fue detenido junto a otros seis funcionarios el 20 de enero de 2020, durante un allanamiento dirigido en la Municipalidad de Upala.
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Los restantes imputados ocupan diversos puestos técnicos y administrativos dentro de la Municipalidad. Son de apellidos:
- Zamora Alpízar, directora de la Unidad Técnica de Gestión Vial
- Castaño Moreno, inspector de la Unidad Técnica de Gestión Vial
- Mora Mora, coordinador del Departamento de Desarrollo y Control Urbano
- Shión Molina, encargada de Proveeduría
- Noguera Castillo, asistente de Proveeduría
- Amador Arley, encargado de Hacienda Municipal
A los tres primeros, el Juzgado Penal les impuso las mismas medidas cautelares que a Acevedo. Contra los tres últimos, en cambio se ordenó impedimento de salida del país y prohibición para molestar a testigos. Sin embargo, los encartados apelaron, confirmó la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta).
Todos ellos son investigados bajo el expediente 18-000247-059-PE por los aparentes delitos de peculado (sustracción o distracción de bienes públicos) y pago irregular de contratos. El Código Penal y la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública disponen de castigos de entre 3 y 12 años de prisión y entre 1 y 5 años, respectivamente.
Otra investigación
Juan Bosco Acevedo ya enfrentaba otra investigación en la sede penal.
En el 2018, se informó que junto a otros tres funcionarios se les investigaba por los delitos de incumplimiento de deberes, malversación de fondos, administración en provecho propio, negocios incompatibles, falsedad ideológica y falsedad en la recepción de bienes o servicios.
El 22 de mayo de ese año, la Fiscalía realizó un allanamiento en la Municipalidad de Upala, en el caso que se sigue bajo el expediente 17-000005-1772-PE.
Según informó en esa época el medio digital Delfino.cr, el municipio avaló intervenir la ruta entre Bijagua y Altamira. Pero los trabajos de asfaltado se realizaron en la vía entre Bijagua y Vista Tenorio. Además aunque se había adjudicado la obra a una empresa, las obras fueron dadas a otra.
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Paulo Villalobos
