AFP
Entre asfalto fundido y aceras destruidas, Barcelona temía este sábado el posible estallido de nuevos disturbios tras una noche de fuerte violencia, con más de 180 heridos en toda Cataluña, luego de la condena a cárcel de nueve líderes independentistas.
A semanas de las elecciones legislativas del 10 de noviembre, esta ola de protestas pone en aprietos al gobierno español de Pedro Sánchez que, entre críticas de inacción de la oposición, envió a Cataluña a su ministo del Interior, Fernando Grande-Marlaska.
Después de cinco días de protestas, con casi 600 heridos, la región teme nuevas escenas violentas este sábado con la convocatoria de una manifestación en Barcelona de la izquierda radical independentista y otros colectivos del movimiento.
“Nueve personas encarceladas y cientos de heridas. Salimos a la calle contra la represión”, clamó en Twitter el colectivo Arran, impulsor de la protesta convocada en la plaza Urquinaona, epicentro de los disturbios de la víspera en la capital catalana.
“Hago un llamado a que esta convocatoria se realice de forma cívica, pacífica”, dijo el responsable regional de Interior, el independentista Miquel Buch.
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“Flaco favor” al independentismo
El sábado por la mañana, los alrededores todavía olían a quemado y gases lacrimógenos. En las aceras, decenas de adoquines estaban arrancados y operarios de limpieza trataban de retirar los escombros del caos de la noche anterior.
Durante horas, miles de manifestantes montaron barricadas ardiendo y lanzaron objetos contra un escaso cordón de policías que terminaron empleando balas de goma y espuma, botes de gases lacrimógenos y un camión lanza agua.
Los enfrentamientos se expandieron después por gran parte del centro de la ciudad, con barricadas ardiendo en muchas esquinas. Más de 150 personas precisaron atención médica en Barcelona y en el total de Cataluña se elevaban a 182.
“Da mucha tristeza todo esto y nos hace un flaco favor”, decía Assumpció Seguí, una jubilada independentista de 75 años en la plaza Urquinaona.
“Llevamos más de una hora recogiendo escombros para poder abrir”, resoplaba Ramiro Díaz, prejubilado de 59 años, limpiando escombros del establecimiento de lotería de su mujer. “Esto es inadmisible”, insistió.
Nacida de la frustración de parte de la base independentista, dos años después de la tentativa de secesión de Cataluña de 2017, la violencia marca un punto de inflexión para el movimiento separatista que se jactaba de su naturaleza pacífica.
Los disturbios comenzaron el lunes, cuando el Tribunal Supremo condenó a nueve líderes independentistas a penas de hasta 13 años de cárcel por su papel en aquel fracasado intento de secesión.
Ese día se produjeron incidentes en el aeropuerto del Prat, parcialmente bloqueado por los separatistas, y en las noches siguientes los disturbios se desplazaron al centro de Barcelona.
Casi 600 personas requirieron atención médica a lo largo de estos días, 19 de ellos hospitalizados todavía, según fuentes sanitarias, y el ministro del Interior informó de más de 300 detenidos desde el lunes, nueve de ellos en prisión provisional.
“Virulencia extrema”
“Los agentes coinciden en resaltar la extrema virulencia de los grupos independentistas radicales que están actuando estos días”, dijo Grande-Marlaska desde Barcelona.
Ante las críticas a los supuestos excesos de los agentes en su actuación, formuladas también desde el gobierno independentista catalán, el ministro afirmó que los policías “actúan con proporcionalidad (…) ante ataques indiscriminados con riesgo evidente a su integridad física”.
Los fuertes disturbios de la noche del viernes contrastaron con la jornada en la que los separatistas celebraron una huelga general que detuvo parcialmente la región y organizaron una masiva marcha de 525.000 personas.
“Esto no puede seguir así. Barcelona no se lo merece”, dijo este sábado la alcaldesa de esta ciudad, Ada Colau, reclamando diálogo para resolver el problema de fondo en esta región dividida sobre la cuestión de la independencia.
El presidente regional, el independentista Quim Torra, pidió “responsabilidad” en las próximas convocatorias y reclamó al ejecutivo de Sánchez “negociación sin condiciones” para resolver el conflicto. “Hoy es más urgente que nunca”, dijo.
Presionado por la derecha, el gobierno español le exigió una condena rotunda de la violencia ante la ambigüedad de sus declaraciones al respecto.
En ambiente preelectoral para noviembre, el líder de la oposición, el conservador Pablo Casado, aseguró que su “Partido Popular será el dique de contención frente al desafío separatista” y pidió medidas más contundentes ante la violencia.
“No estamos desbordados, el Estado no está desbordado”, insistió Grande-Marlaska.
