Sergio Arce
La organización no gubernamental Transparencia Internacional divulgó este jueves en la noche su tradicional Índice de Percepción de la Corrupción correspondiente al 2021.
Este indicador midió el desempeño de 180 naciones y territorios según el nivel de percepción de la corrupción en el sector público de cada uno. Y lo hizo en una escala de cero (muy corruptos) a 100 (muy limpios).
Transparencia Internacional identificó, también, a los países que vulneran las libertades civiles y, por ende, los derechos humanos y la democracia.
Ante este panorama, la ONG le otorgó a Costa Rica una puntuación de 58, y la ubicó en el puesto 39 del mundo.
Nuestro país subió un escalón con respecto al reporte que evaluó el estado de la corrupción en el 2020.
En Latinoamérica es el tercer país por debajo de Uruguay (73 puntos y en el puesto 18 del mundo) y Chile (puesto 27 con 67 puntos).
Las mejores naciones son Dinamarca, Finlandia y Nueva Zelanda, que obtuvieron 88 puntos. Los peores son Venezuela, Somalia, Siria y Sudán del Sur.
Las observaciones
Transparencia Internacional encontró que los niveles de corrupción se encuentran estancados a nivel mundial, con escaso o ningún progreso en el 86 % de los países evaluados en los últimos 1 años.
- La puntuación media global se mantiene en 43 puntos por décimo año consecutivo y dos tercios de los países no llegan a 50.
- En la última década, 154 países han sufrido un deterioro o no han avanzado sustancialmente.
- Desde 2012, 23 países han decaído en el índice, entre ellos algunas economías avanzadas como Australia (73), Canadá (74) y Estados Unidos (67). Este último ha dejado de estar entre los 25 países mejor calificados por primera vez.
- 25 países han mejorado significativamente sus puntuaciones, como Estonia (74), Seychelles (70) y Armenia (49).
- De los 23 países cuya puntuación ha caído significativamente desde 2012, 19 también han perdido puntos en cuestión de libertades civiles.
El indicador
Desde su creación en 1995, el Índice de Percepción de la Corrupción se ha convertido en el principal indicador global de la corrupción en el sector público.
Este califica 180 países y territorios de todo el mundo según la percepción de la corrupción existente en su sector público.
Y lo hace a través de datos de 13 fuentes externas, entre ellas el Banco Mundial, el Foro Económico Mundial y empresas privadas especializadas en análisis de riesgo.
También utiliza información de firmas de consultoría, comités de expertos y otras. Las puntuaciones reflejan las opiniones de especialistas y empresarios.
Los que han caído y han mejorado en 10 años
Los países siguientes han experimentado una caída significativa en los últimos 10 años:
- Australia
- Bosnia-Herzegovin
- Botsuana
- Canadá
- Chile
- Chipre
- Guatemala
- Honduras
- Hungría
- Líbano
- Liberia
- Luxemburgo
- Malí
- Mongolia
- Nicaragua
- Filipinas
- Polonia
- Santa Lucía
- Sudán del Sur
- Siria
- Turquía
- Estados Unidos
-
- Venezuela.
Los países siguientes han mejorado significativamente en los últimos 10 años:
- Afganistán
- Angola
- Armenia
- Austria
- Bielorrusia
- China
- Costa de Marfil
- Estonia
- Etiopía
- Grecia
- Guyana
- Italia
- Letonia
- Moldova
- Birmania
- Nepal
- Paraguay
- Senegal
- Seychelles
- Corea del Sur
- Tanzania
- Timor Oriental
- Ucrania
- Uzbekistán
- Vietnam
Un país bajo la lupa: El Salvador
Esto publicó la ONG sobre el curso que está tomando la nación centroamericana:
“En 2022, El Salvador (34 puntos) podría establecerse como una dictadura si las autoridades siguen socavando la democracia, acosando a los críticos y restringiendo los derechos civiles y políticos.
“El país ha restringido cada vez más el acceso a la información y ha mostrado una grave falta de transparencia en el gasto de los fondos públicos.
“Se alega que altos funcionarios del gobierno han participado en tramas de corrupción multimillonarias en su gestión de la crisis de covid-19 y en el marco de las elecciones locales.
“Varios funcionarios, tanto del gobierno actual como del anterior, fueron incluidos en la Lista Engel publicada por Estados Unidos, acusados de corrupción y de atentar contra la democracia en El Salvador.
También preocupan las medidas adoptadas por el gobierno para debilitar la independencia de las instituciones de justicia y cerrar el espacio cívico.
“Ha destituido a magistrados de la Corte Suprema de Justicia y al fiscal general sin el debido proceso. Esto al tiempo que ha atacado y promovido públicamente leyes que amenazan a las organizaciones de la sociedad civil, a los defensores de los derechos humanos, a los activistas y a los periodistas independientes”.
