Paulo Villalobos
La actualización del arsenal de la Fuerza Pública afrontará un nuevo trámite, a un año de que el ministro Michael Soto solicitara la compra “urgente” de más de mil armas de fuego.
Se trata de un nuevo proceso, que el Ministerio de Seguridad Pública (MSP) abrirá luego de que concluyera otro, en el que los participantes (Inglesini & Compañía y Industrial Fire Rescue Equipment) no cumplieran los requisitos estipulados en un cartel del 26 de julio de 2019.
Ahora la cartera se debate en si insistirá con un contratación directa concursada por cantidad limitada o si optará por una solicitud de contrato para la atención según demanda.
De esa manera lo dio a conocer a El Observador el sub director general del cuerpo policial, Reinaldo González. Él tuvo a su cargo una comisión que diseñó el cartel para el concurso ahora concluido.
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La primera de las opciones mencionadas por el funcionario implica una valoración adicional. Publicarla pronto y correr el riesgo de que la empresa contratada incumpla los plazos de ejecución este mismo, debido a que está directamente ligada al presupuesto del Ministerio; o hacerlo el otro año.
Por su parte, la segunda, podría ponerse en marcha en octubre.
“Estamos preparando el marco de opciones y realidades ejecutables en el próximo y mediano plazo para que él (Michael Soto, ministro de Seguridad) sea el que instruya lo correspondiente”, explicó González.
Un año sin solución
El Ministerio de Seguridad Pública puso en marcha el trámite para renovar las armas de fuego el 18 de julio de 2018. Ese día, Michael Soto solicitó a la Contraloría General de la República autorizarar la contratación directa de 2.000 pistolas Beretta 92FS, tipo M9A1 9mm.
Para ello, la institución presupuestó ¢1.169 millones que pretendía desembolsar en dos tractos.
La División de Contratación Administrativa del ente contralor denegó el pedido un mes y medio más tarde en su resolución DCA-3476. En su lugar, el órgano avaló una contratación directa concursada.
Dicho trámite se concretó hasta el 26 de julio de 2019, cuando el Ministerio publicó la contratación en el Sistema de Compras Públicas (Sicop).
La medida se dio ante la urgencia de actualizar el “obsoleto” armamento con el que cuentan los oficiales de la Fuerza Pública. En total, se trata de unas 6.000 pistolas. El cuerpo posee 8.472 pistolas y revólveres, el 47% de ellas tiene más de 22 años de antigüedad.
Asimismo estas armas poseen una tecnología y poder de tiro “muy limitados”. Además no permite a los oficiales, igualar las fuerzas con delincuentes en un eventual enfrentamiento armado.
En su conversación con este medio, el sub director Reinaldo González reiteró la necesidad de renovar el arsenal. “Nosotros no claudicamos en ese sentido de tener a todos nuestros policías en servicio con armas adecuadas y que estén a la altura de lo que consideramos es un armamento que nos puede poner en condiciones de ventaja relativa con relaciones a lo que notamos que usa la delincuencia”, manifestó.
Nota del editor: Esta noticia se actualizó el 16 de diciembre de 2019 con el número correcto de la resolución.
Paulo Villalobos
