El Tribunal Penal de Hacienda determinó que las medidas alternativas a la prisión preventiva dictadas en el Caso Cochinilla no son adecuadas y como tal las anuló.
La resolución trascendió a primera hora de este lunes luego de una audiencia de 4 días la semana anterior.
Todos los sospechosos habían quedado libres, unos a cambio de millonarias fianzas, o con impedimentos de salida del país.
El juez revisó la medida y según anunció, tomando en cuenta el perfil de los imputados, sus recursos y el poder que ostentan, el relajamiento de medidas no procede.
Según explicó el Poder Judicial a través de una comunicación de prensa este lunes, para resolver este reclamo, se sopesaron elementos objetivos e incuestionados del sumario, entre ellos:
- Las condiciones socioeconómicas de las personas investigadas
- Las posibles penas a imponer en casos de que sea demostrada la hipótesis del Ministerio Público (penas en abstracto, previstas por los delitos que se les atribuye a cada investigado)
- La posición ostentada en la estructura y plan criminal; así como la magnitud del daño, desde la perspectiva del posible o presunto beneficio económico que se le atribuye por la Fiscalía a esta organización criminal y su correlativo perjuicio al erario público y a la función administrativa del Estado.
“Arribándose a la conclusión de que tales medidas que sustituyen a la prisión preventiva ya dispuesta, no son adecuadas, es decir no reúnen los criterios de idoneidad requeridos”, indicó el Tribunal.
Con base en estos criterios, según explicaron, se declaró con lugar el recurso del Ministerio Público. En consecuencia, se decretó “la ineficacia de las medidas cautelares alternativa a la prisión preventiva que fuera ordenada en su oportunidad por el Juzgado Penal”.
Dicha medida, afecta a 13 personas para quienes la Fiscalía había solicitado prisión preventiva. Entre ellos los dueños de la Constructoras H Solís y Meco, representantes de varias empresas y funcionarios del Conavi.
En cuanto al recurso de apelación del Ministerio Público en contra los investigados, a los cuales no se les impuso prisión preventiva, estos fueron rechazados.
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