Paulo Villalobos
El Tribunal Penal del I Circuito Judicial de San José homologó la tarde de este jueves los acuerdos de ocho de los imputados en el caso de la extinta Coopemex, para evitar un juicio por aparente administración fraudulenta.
Así las cosas, los encartados se someterán, siete, a una suspensión del proceso a prueba y, uno, a la conciliación.
Estas son medidas alternas que implican un arreglo con la víctima, que en este caso es el fideicomiso Coopemex-Banco de Costa Rica (BCR). Esta parte es defendida por el abogado Rodrigo Araya.
Sin embargo, ambas se diferencian en que la conciliación no requiere que el imputado acepte los hechos ni el consentimiento del Ministerio Público; mientras que la suspensión del proceso a prueba sí.
En el caso de las suspensiones de proceso a prueba, los imputados deberán:
- Mantener domicilio fijo
- No incurrir en delitos dolosos (con penas de más de seis meses) en los próximos cinco años
- Rendir informes semestrales ante la Dirección General de Adaptación Social (DGAS) del Ministerio de Justicia y Paz (MJP)
Además, como requisito, los imputados (salvo Carpio) aceptaron los cargos.
Las medidas alternas podrían revocarse y ordenarse la apertura de un juicio, en caso de que se incumplan las condiciones indicadas. En sentido contrario si se cumplen las disposiciones, se dictará un sobreseimiento definitivo sin que este manche sus hojas de delincuencia.
Sobre los acuerdos, Araya manifestó la anuencia del Comité Especial del fideicomiso, mientras que la fiscala Dixiela Madrigal lo hizo en nombre del Ministerio Público.
El abogado querellante incluso dijo que su representada se da por satisfecha con los convenios suscritos.
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¿Y ahora?
Ante la negativa de la extinta cooperativa, de acordar medidas alternas con los restantes seis encartados, el juicio está programado para iniciar el lunes.
Según Araya, el Comité Especial del fideicomiso rechazó dicha posibilidad debido a la responsabilidad y los puestos que ocupaban. Así que los sujetos de apellidos García, Jiménez, Ramírez, Sánchez, Sandoval y Villalobos, serán enjuiciados.
El jurista señaló que estas personas tienen el 99% del perjuicio patrimonial de ¢15.000 millones que reclama Coopemex.
Con el reinicio del debate se valoraría la posibilidad de un procedimiento abreviado para los demás investigados.
Este trámite es uno de carácter especial en el que el imputado admite el hecho y no se realiza el debate, sino que se le sentencia e impone una pena, que puede ser reducida en previa negociación entre partes.
Paulo Villalobos
