Paula Ruiz
El Tribunal de Ética y Disciplina del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) abrió una investigación contra los diputados y exdiputados que recibieron en sus despachos a supuestos narcotraficantes.
Se trata del congresista Óscar Cascante, quien recibió en cinco ocasiones a dos hombres de apellido Cartín Herrera (falleció el 6 de mayo) y su hijo Cartín Ramírez.
“Las visitas de las personas, hoy investigadas por la Fiscalía, fueron para conversar sobre proyectos de vivienda en los cantones de Corredores y Esparza”, aseguró Cascante en ese momento.
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Luego de ello, ha surgido información por posible ofrecimiento de ¢500.000 para Cascante por parte de los implicados.
Desde el 31 de mayo, el socialcristiano se separó de la bancada.
Adicionalmente, se abrieron expedientes contra Erwen Masís actual diputado y precandidato presidencial.
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También contra los exlegisladores William Alvarado, Humberto Vargas, Johnny Leiva y Gerardo Vargas.
“El Tribunal de Ética y Disciplina, en forma unánime y en firme, acordó abrir una investigación en todo este asunto denunciado por la prensa para determinar si alguna de las personas mencionadas han incurrido en alguna falta”, indicó Freddy Coto, vocero del Tribunal.
Cambio de opinión
La decisión anunciada este viernes por el Tribunal es acuerpada por Randall Quirós, presidente de la Unidad.
El lunes anterior, Quirós indicó que el Comité Ejecutivo Nacional decidió no elevar ante este Tribunal para una realización dirigida específicamente hacia Cascante.
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“Nos hizo toda la explicación de cuál había sido la relación que sostuvo con estas personas y cómo los conoció. Antes las preguntas sobre si recibió dinero o algo a cambio de ellos, fue enfático en decir que no”, respondió Quirós en ese momento.
Sin embargo, ahora indicó que se trata de una acción correcta para para transparentar el partido.
“Son personas puntuales las cuestionadas y esto no debería de afectar en ninguna forma ni la convención, ni la participación, ni la credibilidad de los electores con el PUSC”, afirmó Quirós.
El Tribunal también abrió una investigación contra Ricardo Alfaro, regidor del partido en Santa Ana, cuestionado por supuestamente ofrecer un bono en un proyecto de vivienda de interés social a cambio del voto.
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