Hermes Solano
Este jueves se realizó la audiencia preliminar en el caso que se sigue contra el exsacerdote Mauricio Víquez por abuso sexual contra cuatro personas.
La jueza determinó que Víquez enfrentará juicio por el delito indicado, luego de que el Ministerio Público presentara la acusación.
Por su parte, los abogados de las víctimas presentaron la querella y la acción civil resarcitoria.
“Complacidos tanto el doctor Rafael Gullock como yo, que llevamos la representación de las cuatro víctimas valientes que tuvieron la fortaleza de presentar la denuncia”, indicó Rodolfo Alvarado, abogado de los denunciantes.
La defensa de Víquez, a cargo del abogado Rafael Rodríguez, solicitó la prescripción de varios hechos y pidió el sobreseimiento de su representado, alegatos que no fueron aceptados.
“Nosotros presentamos dos excepciones de prescripción porque tenemos claro que hay tres hechos penales prescritos; sin embargo, la jueza rechazó y elevó la causa a juicio con todos los hechos y las acciones que se han presentado”, dijo Rodríguez.
El abogado calificó de “sesgado y erróneo el fundamento de la decisión” por parte de la jueza de turno.
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Para el 2022
El inicio del juicio lo determinará el Tribunal de Juicio de Desamparados, pero para ambas partes la apertura del debate se daría en 2022.
“Todo depende de la agenda que tenga el Tribunal, yo creo que puede ser para el otro año”, dijo Alvarado.
Lo mismo consideró el defensor de Víquez, quien cree que podría ser a finales de este año o inicios del próximo.
Mauricio Víquez está cumpliendo prisión preventiva en la cárcel de Pérez Zeledón. La medida termina el 6 de diciembre, pero es probable que el Ministerio Público pida la extensión mientras se lleva a cabo el proceso en los tribunales.
Víquez no estuvo presente en la audiencia de este jueves para evitar que a su regreso a prisión tenga que realizar el período de aislamiento preventivo por el covid-19.
“Nosotros solicitamos que no lo trajeran”, dijo su abogado.
¢600 millones
La acción civil resarcitoria presentada por los abogados de las víctimas es de ¢600 millones, buscando que sean ¢150 millones para cada uno de los denunciantes.
Los hechos por los que el exsacerdote irá a juicio habrían sucedido en 2003, pero fue hasta el 2015 cuando se presentaron las denuncias canónicas y judiciales.
Víquez estuvo en fuga desde enero de 2019 volvió a Costa Rica en mayo anterior, luego de la extradición por parte de México.
