Paulo Villalobos
La exdiputada Laura Garro volverá a juicio el próximo lunes 23 de marzo de 2020. Ahora el Tribunal Penal de Hacienda y de la Función Pública redefinirá el monto que deberá pagar por haber faltado a la verdad en el debate en el que el Partido Acción Ciudadana (PAC) resultó condenado tras estafar al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).
Lo anterior por cobrar ¢516 millones en contratos falsos de “servicios especiales”, en la liquidación de gastos de la campaña del 2010, cuando era candidato el fundador del partido, Ottón Solís.
Garro fue encontrada culpable el 29 de marzo de 2019 de haber cambiado su declaración en el proceso contra su agrupación; algo que ella asegura que hizo sin dolo.
La exlegisladora dijo en 2013 al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) que ella fungió como jefa de campaña del partido en Puntarenas y se encargó de entregar los contratos a los demás colaboradores de la provincia.
En el juicio contra Acción Ciudadana en 2016, Garro aseguró que no recordaba lo que había dicho a la Policía Judicial. Además negó que ella fuera la encargada de repartir los documentos.
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Laura Garro fue electa como representante de Puntarenas por el Partido Acción Ciudadana (PAC) en el periodo 2014-2018. (Cortesía | Asamblea Legislativa)
Discrepancias en castigo
Por el caso seguido contra Laura Garro, la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta) pidió que se le impusieran dos años de cárcel.
Sin embargo, el Juzgado del I Circuito Judicial de San José, optó por castigar a la exdiputada con solo un año y el beneficio de ejecución condicional de la pena, entonces no debió ir a prisión.
En razón de lo anterior el Ministerio Público interpuso el 25 de abril de 2019 un recurso ante el Tribunal de Apelación de Sentencia del II Circuito Judicial de San José, en el que solicitó otra pena contra Garro.
La petición del órgano acusador fue declarada con lugar el 16 de agosto de 2019, por lo que la condena de primera instancia fue anulada.
A su vez se ordenó la celebración de un nuevo debate en el que solo se discutirá el monto de la pena a imponer contra la excongresista.
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La exdiputada Laura Guido posa junto a una cimarrona en una actividad proselitista del entonces candidato del Partido Acción Ciudadana (PAC), Luis Guillermo Solís.
“Situación muy especial”
El debate para la fijación de la nueva pena había sido programado inicialmente para el viernes 31 de enero de 2019. No obstante, Laura Garro tenía previsto un viaje fuera del país, por lo que se debió agendar otra fecha para la vista.
Vía telefónica en conversación con El Observador, la exdiputada criticó la insistencia de la Fiscalía Anticorrupción y la fecha en la que se programó el juicio por primera vez.
“La justicia en este momento no es tan justa. Hay delincuentes, muchos, muchos delincuentes que realmente sí andan sueltos y sin embargo siento que contra mí ha habido una situación muy muy especial”, manifestó Garro.
Cuando se le consultó a qué se refería, respondió: “En el sentido de que realmente si uno es un delincuente y la justicia te persigue, pues yo hubiese estado de acuerdo. Pero si uno es un delincuente, lo condenan y todavía siguen en el tema, pues es una situación especial”.
“Pienso que, yo no diría que hay una persecución, pero sí yo pienso que hay otras implicaciones que uno a ratos analiza y uno dice: ‘bueno este juicio pudo haber sido el 31 de enero’. Porque me lo habían programado para el 31 de enero. ¿Por qué el 31 de enero? ¿Por qué si el 2 de febrero eran las elecciones para las alcaldías?”, dijo.
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Paulo Villalobos
