Tomás Gómez
El Tribunal Penal de Hacienda dictó orden de captura y traslado al centro penal de los empresarios de apellidos Cerdas y Solís, dueños de las empresas Meco y H Solís, respectivamente.
Ambos deberán cumplir 4 meses de prisión preventiva por el Caso Cochinilla.
Aunque estaban en libertad tras pagar millonarias fianzas -Cerdas de $5 millones y Solís de $3 millones-, el Tribunal anuló dicha resolución este lunes.
Según el juez, dado el perfil socioeconómico de los sospechosos, su poder y las posibles penas, era necesario tener medidas más drásticas mientras avanza el proceso.
En el caso del empresario de apellido Cerdas, se notificó su detención este lunes por la mañana en Escazú. Mientras, la acusada de apellido Solís arribó a los tribunales de Goicoechea.
Anulación de medidas alternativas
La resolución de anulación de medidas alternativas a la prisión preventiva trascendió a primera hora de este lunes, luego de una audiencia de 4 días la semana anterior.
De acuerdo con el juez, tomando en cuenta el perfil de los imputados, sus recursos y el poder que ostentan, el relajamiento de medidas no procede.
Según explicó el Poder Judicial, a través de una comunicación de prensa este lunes, para resolver este reclamo, se sopesaron elementos objetivos e incuestionables del sumario, entre ellos:
- Las condiciones socioeconómicas de las personas investigadas
- Las posibles penas a imponer en casos de que se demuestre la hipótesis del Ministerio Público (penas en abstracto, previstas por los delitos que se les atribuye a cada investigado)
- La posición ostentada en la estructura y plan criminal; así como la magnitud del daño, desde la perspectiva del posible o presunto beneficio económico que se le atribuye por la Fiscalía a esta organización criminal y su correlativo perjuicio al erario público y a la función administrativa del Estado.
“Arribándose a la conclusión de que tales medidas que sustituyen a la prisión preventiva ya dispuesta, no son adecuadas, es decir no reúnen los criterios de idoneidad requeridos”, indicó el Tribunal.
Le dio la razón a la Fiscalía
Con base en estos criterios, según explicaron, se declaró con lugar el recurso del Ministerio Público.
En consecuencia, se decretó “la ineficacia de las medidas cautelares alternativa a la prisión preventiva que fuera ordenada en su oportunidad por el Juzgado Penal”.
Dicha medida, afecta solamente a Solís y a Cerdas para quienes el jueza Carolina Lizano ya había dictado la medida de prisión preventiva, sin embargo aceptó las medidas alternas y pidió fianzas de $3 millones en el caso de Solís y $5 millones, para Cerdas.
En cuanto al recurso de apelación del Ministerio Público en contra los investigados, a los cuales no se les impuso prisión preventiva, este se rechazó.
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Abogados estaban confiados
El jueves anterior, luego de terminar la audiencia, los abogados insistieron nuevamente en que la Fiscalía tiene una débil posición en este caso.
Varios de ellos criticaron los argumentos del Ministerio Público, lo que a su vez alimenta la expectativa de que no se varíen las medidas vigentes.
“Me siento muy, muy confiado en que se van a mantener las medidas que fueron impuestas”, dijo Francisco Campos, representante de Mélida Solís.
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“Nos inclinamos porque es suficientemente claro que las medidas son suficientes para el aseguramiento procesal”, agregó el defensor de Carlos Cerdas, Erick Ramos.
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