AFP
(Lima) Un tribunal peruano decidirá el 26 de diciembre si ordena la prisión preventiva de la líder opositora Keiko Fujimori. La fiscalía que investiga la corrupción relacionada con la empresa Odebrecht, pidió que la hija del expresidente vuelva a la cárcel.
El juez Víctor Zúñiga evaluará “si los nuevos elementos de convicción presentados por la Fiscalía de Lava Jato/Odebrecht revisten de la gravedad y si ello incrementaría el riesgo de fuga o de obstrucción a la justicia” por parte de Keiko. Hace dos semanas la política salió en libertad por mandato del Tribunal Constitucional, señaló el Poder Judicial.
“La audiencia pública está programada con carácter de inaplazable para las 9:00 a.m. en la sede de la Sala Penal Nacional”, agregó. Un día después de Navidad, Perú conocerá el desenlace de la cuestionada Keiko Fujimori.
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Nuevos elementos
Para el fiscal José Domingo Pérez, del equipo especial del Lava Jato, existen nuevos elementos contra Keiko por lavado de dinero proveniente de la constructora brasileña Odebrecht y otras fuentes. Este habría sido usado para sus campañas electorales del 2011 y 2016, según el diario El Comercio que accedió al pedido de la fiscalía.
Pérez quiere acusar a Keiko de lavado de activos, obstrucción a la justicia, asociación ilícita para delinquir, falsedad genérica, fraude procesal y falsa declaración en proceso administrativo.
El fiscal agregó que los nuevos elementos incrementarían su riesgo de fuga y obstrucción a la justicia.
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Empresa pagó
Este viernes, el exejecutivo de Odebrecht Luiz Eduardo da Rocha Soares confirmó ante los fiscales del Lava Jato el aporte de $1 millón de la empresa, para solventar la campaña de la líder de Fuerza Popular en 2011, indicó el portal IDL-Reporteros.
Este dinero, registrado como “Campaña Nacional”, habría sido remitido a su candidatura través de la denominada Caja 2 de la división de “operaciones estructuradas” de Odebretch, que servía para sobornos y financiamiento no declarado a partidos políticos.
Keiko Fujimori, de 44 años, salió en libertad el 29 de noviembre, cuatro días después de que el Tribunal Constitucional anulara la orden de prisión preventiva que cumplía desde hacía casi 13 meses por el caso Odebrecht.
La opositora había sido enviada a prisión el 31 de octubre de 2018 por supuestamente interferir las investigaciones de la fiscalía anticorrupción.
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