El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) planea cobrar la reposición de cédulas después de las Elecciones Municipales que se realizarán en febrero de 2024.
Luis Guillermo Chinchilla, secretario general del ente electoral, expuso que está pendiente el reglamento que por Ley es obligatorio y, luego de esto, comenzaría el cobro.
Eso sí, la misma legislación prohíbe el pago por parte de ciudadanos, dos meses antes de la realización de comicios, ya sea presidenciales o municipales. Es por esto que pasadas las elecciones, podrían iniciar a aplicar la Ley 10243.
“Podríamos decir que después de las municipales vamos a tener la reglamentación, el procedimiento y el cobro”, señaló a El Observador.
Un Departamento dentro del Tribunal, sería el encargado de establecer cada año el monto por cobrar a las personas que realizan el trámite durante dos veces o más en un año.
Actualmente, el costo para el TSE es de $8,78 equivalente a ¢4.700, señaló Chinchilla. Aunque, todavía se desconoce cuánto costaría cada cédula dado el atraso en la elaboración del reglamento.
La institución debía reglamentar la Ley con un plazo máximo de 12 meses, pero lleva 4 meses de atraso. (Archivo/El Observador)
Cuatro meses de atraso
En diciembre de 2021, la exdiputada Silvia Hernández, presentó un proyecto de ley para establecer el cobro cuando una persona solicite la cédula en un mismo año calendario.
La iniciativa se aprobó en Plenario en segundo debate en abril de 2022 y se estableció un plazo de 12 meses desde la promulgación para que el TSE reglamente la Ley.
Dicha promulgación se dio el 24 de mayo de 2022, destacó Chinchilla. Esto implica un atraso de cuatro meses por parte del ente para realizar este documento.
“La elaboración está en la última revisión, ya la administración tiene para su a la aprobación (…) yo considero que en los próximos 15 días ya puede estar aprobado y que se remita a La Gaceta”, manifestó Chinchilla.
“Ha habido una demora en el tema de la promulgación pero obedece a la logística que tenemos como institución que implementar para facilitar de forma rápida qué casos y condiciones las personas deben pagar”, amplió.
Lo aprobado señala que esta medida no aplica para personas con discapacidad, adultos mayores, población indígena y cedulación en cárceles.
Aunque, otorga la posibilidad al TSE para ampliar la lista de excepciones. Según el vocero, sí se ha valorado, aunque no pudo adelantar a cuáles sectores poblacionales se les evitaría el cobro.
Recordó que en los casos donde sí será un servicio gratuito tiene que ver con situaciones como la primera vez en que se solicita el documento, cuando expira por fecha de vencimiento, o bien, en aquellas situaciones por deterioro atribuible al plástico con el que se elabora la cédula.
La iniciativa de ley que presentó Hernández, destaca que solo en los primeros ocho meses del 2021, por extravío, deterioro, robo o hurto de documento de identidad, se emitieron en promedio mensual, 32.070 documentos y en ese momento, tenía un costo de producción de $7.29.
“En ese contexto, si se autorizara el cobro de la cédula de identidad únicamente para estas tres causas (extravío, robo o hurto y deterioro), y bajo la premisa de un comportamiento similar derivado de las cifras del cuadro anterior, se estima que el Estado costarricense podría estar percibiendo ahorros que en promedio anual rondarían los ¢ 1.734.221.069,64 (mil setecientos treinta y cuatro millones doscientos veinte y un mil sesenta y nueve colones con sesenta y cuatro céntimos), lo cual devendría en una mejora en las finanzas públicas de la hacienda nacional”, destaca la iniciativa en su exposición de motivos que se aprobó en el Congreso.
Los dineros recaudados irán a caja única del Estado con la denominación “Fondo Especial del Tribunal Supremo de Elecciones” para mejorar los servicios de competencia exclusiva del ente electoral.
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