Paula Ruiz
Uber cumplió esta semana cinco años de haberse instalado en Costa Rica, sin un marco regulatorio que permita su libre operación, mientras el proyecto de ley con más ambiente la Asamblea Legislativa está sin avance.
“En tan solo 5 años se han recorrido miles de kilómetros, compartimos millones de experiencias, contribuimos al bienestar de muchísimos costarricenses e hicimos nuevos amigos en el camino”, comunicó la transnacional.
El Congreso estará hasta este lunes, bajo el poder de Casa Presidencial a través de las sesiones extraordinarias donde se requiere de la convocatoria para poder discutir un proyecto de ley en comisiones legislativas o Plenario.
En el caso del proyecto que pretende regular las plataformas digitales y que se tramita mediante el expediente 21.228, solo gozó de dos días de convocatoria.
La presión de los taxistas conllevó al Gobierno a eliminar esa iniciativa como una de las que los diputados podían analizar.
Roberto Thompson, presidente de la Comisión de Económicos donde se encuentra designada para estudio, adelantó que se planea un texto sustitutivo con algunos cambios para permitir su avance.
Thompson señaló con anterioridad que algunos puntos que aún deben blindar para un consenso, tienen que ver con designar el servicio como público o privado, regulación de tarifas, mínimos o máximos de registro de vehículos por persona, entre otros.
Dentro de las cifras que reveló Uber en sus cinco años en el país están:
- En Uber Eco se han recorrido 9 millones de kilómetros
- Cuenta con más de 28.000 conductores
- De ellos, 26.320 han recibido por lo menos en una ocasión, han recibido ganancias extra
- Personas de 80 países han utilizado la aplicación en Costa Rica
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¿Impuestos?
Uno de los puntos de discusión tienen que ver con la generación de impuestos por parte de la empresa a través de los viajes generados.
Uber ha expresado a través de sus voceros en el país, estar anuentes a hacerlo mediante el cobro a quienes utilizan la plataforma, adicional a las cargas sociales que ya desembolsan por su centro de excelencia instalado en el país.
La iniciativa próxima a cumplir un año en la corriente legislativa, propone un 13% de impuesto sobre el valor agregado (IVA) por cada viaje.
Adicionalmente, el proyecto planteado por los siete legisladores de la Comisión, establece que las empresas pagarán un registro correspondiente a 20 salarios base, equivalente a unos ¢8 millones. Será revocado cada cuatro años con un costo adicional de 10 salarios base.
Uber abrió el camino para que otras plataformas comenzaran a operar en el país. DiDi se sumó a la lista en noviembre de 2019, aunque meses atrás lo hizo InDriver que permite al conductor hacer ofertas por el viaje.
Mientras se toma una decisión relacionada con plataformas digitales en el Congreso, el Ministerio de Hacienda, pretende implementar el cobro de 13% a los servicios digitales transfronterizos, que incluye a estas empresas.
Aunque se anunció que empezaría a regir el 1 de agosto, se postergó hasta mediados de setiembre.
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