Juan Pablo Arias
La empresa de movilidad colaborativa Uber se pronunció en contra de la petición del Consejo de Transporte Público (CTP) que busca la salida de su operación en Costa Rica y la de plataformas similares como Didi e InDriver.
“Lamentamos que ponga en riesgo el sustento de miles de familias”, indicó la empresa estadounidense en un comunicado divulgado la noche del viernes.
Uber calcula en 28.000 la cantidad de conductores en Costa Rica que tienen acceso a la plataforma para generar ganancias adicionales.
La empresa resaltó su disposición e interés por participar en la discusión de la movilidad colaborativa, tanto a nivel legislativo como del Ejecutivo.
“Hemos insistido en el llamado a convocar el proyecto de ley 21.587, el cual fue suscrito y consensuado por todas las fracciones políticas representadas en la Comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea Legislativa, y que, lamentablemente, no ha sido convocado por el Poder Ejecutivo en este periodo de sesiones extraordinarias. No se debe detener el proceso de discusión libre, que busca un marco jurídico que le brinde seguridad a todas las partes”, indicó la multinacional.
En opinión de la empresa, Costa Rica necesita una regulación innovadora y flexible, que permita reconocer las diferencias entre las plataformas de movilidad colaborativa y otras modalidades.
“Un modelo de regulación a la costarricense que garantice la sostenibilidad de la industria y permita que miles de personas puedan seguir generando ganancias adicionales mediante las plataformas tecnológicas, sobre todo en momentos como los que vivimos, con cifras alarmantes de desempleo y una crisis económica sin precedentes”, agregó en el comunicado.
Uber puso en operación los viajes colaborativos en Costa Rica el 21 de agosto de 2015. Poco tiempo después, el 11 de setiembre del mismo año, recibió la primera crítica del CTP, que calficó su operación como “ilegal”.
Cuatro años después, en noviembre de 2019, hizo su debut la empresa Didi, que inició con 5.000 conductores.
Polémica decisión
El CTP informó la tarde del viernes sobre su decisión de solicitar a la Procuraduría General de la República que presente una demanda ordinaria contra Uber, DiDi e InDriver.
Con la medida, el CTP busca el cierre definitivo de las operaciones de las empresas que dan el servicio remunerado de transporte de personas en el país.
OBSERVE MÁS: CTP pide a la Procuraduría demandar a Uber, DiDi e InDriver
Otro de los puntos acordados por el ente colegiado es solicitarle a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) bloquear dichas aplicaciones, que en el país le dan trabajo a miles de personas.
Estas firmas, a pesar de no contar con el visto bueno estatal, recaudan el Impuesto al Valor Agregado (IVA) por su uso desde el 18 de diciembre pasado.
