Marco Marín
“La ley actual, cuando se apruebe, está dejando por fuera a cerca de 28.000 trabajadores. Quedarían debajo del salario global único y se les estaría aplicando un régimen diferente que a todo el resto de empleados públicos.
“Esos 28.000 quedarían con el mismo salario compuesto que tienen actualmente. Se les aplican los pluses más cualquier otro beneficio salarial que tengan y hasta que lleguen a su salario global correspondiente se incorporan a la Ley de Empleo Público”, explicó el presidente de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep), Alvaro Jenkins.
Esta posible exclusión de un grupo de trabajadores estatales es la razón por la que el sector empresarial presentó ante diputados de la Asamblea Legislativa una propuesta con dos modificaciones al texto que se discute en el Plenario.
Además, de no corregirse, también obligaría a congelar los salarios de empleados que ganan, actualmente, por encima del monto global fijado. En algunos casos, por plazos de hasta 10 años.
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En una entrevista con El Observador, el representante del gremio explicó que esos detalles son roces de inconstitucionalidad que podrían provocar el rechazo de la Sala IV. Manifestó que, ante la urgente necesidad del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), los proyectos deben estar “blindados”.
Aseguró que no se trata de un aumento inmediato y dejó en claro que, ante la negativa del mandatario Carlos Alvarado de atender una solicitud de reunión, tuvo un acercamiento con diversos sectores para que, cada uno, pueda presentar, de forma independiente, sus propuestas a los proyectos necesarios para mantener con vida el pacto con el FMI.
“Cómo nos han dicho nuestros asesores: Es la primera vez que hacen una Ley de la República y dejan a 28 mil empleados fuera. Lo peor que le puede pasar al país es que salga un titular en los medios diciendo que la Sala IV rechaza el proyecto de Ley de Empleo Público”, aseveró.
No es un aumento
El representante de los empresarios aclaró que los participantes de las Mesas de Diálogo del año pasado hicieron explícito su apoyo al acuerdo con el FMI. Esto los comprometió a apoyar una ley para regular el empleo público.
“Creo que es una de las leyes que, posiblemente, el FMI está solicitando, porque llega a arreglar -de una vez por todas- el tema salarial y pone orden. (Ese) ha sido el disparador del gasto público de los últimos 12 años. Casi que se ha duplicado y, hoy, ya consume casi el 50% de los ingresos del gobierno”, manifestó.
Sin embargo recalcó la importancia de fortalecer la propuesta legislativa para que pase los filtros constitucionales. Por esta razón, Uccaep sugirió las siguientes modificaciones.
En primer lugar aconseja que el Ministerio de Planificación (Mideplan) asuma la rectoría de un consejo, con el apoyo técnico del Servicio Civil. Este órgano se reuniría con las oficinas de recursos humanos de los empleados que quedarían por debajo (o encima) del salario global correspondiente.
De esa forma se puede establecer una política gradual de pequeños ajustes, por costo de vida, a los que ganan más de lo establecido, mientras que los que están por debajo alcanzan la cifra estipulada.
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Sin embargo, recalcó que eso siempre estará sujeto a la disponibilidad financiera y que se cumplan con los requisitos establecidos tanto por la Ley 2166, Salarios de la Administración Pública, como por la 9635, Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.
“O sea que si no hay disponibilidad, puede haber un año que el aumento sea cero. Si, por medio de la Ley de Finanzas Públicas, dice que no se puede hacer aumento, si la deuda PIB es mayor al 60%, eso misma se aplica, hasta tanto se cumpla la regla fiscal”, aclaró.
Diálogo
Sobre la carta enviada el pasado 3 de febrero al Presidente Alvarado para solicitar una pausa, Jenkins explicó que la iniciativa respondió a una negativa del mandatario de escuchar los señalamientos a los proyectos.
“Le pedimos una cita formal al Presidente, por escrito, desde el 26 de noviembre, para hablar de temas que quedaron pendientes en la Mesas de Diálogos, sobre los programas de reactivación que veíamos que no teníamos.
“Al no ser escuchados por el Presidente y ver, sobre todo, el acelerador que le estaba poniendo en la Asamblea Legislativa fue que mandamos esta carta. Estábamos diciendo que tiene un tiempo para escuchar y discutir, para construir juntos”, razonó.
No obstante, señaló que esa unión, de más de 38 organizaciones diferentes, fue simplemente para abrir un espacio de diálogo en el que cada uno pudiera presentar sus observaciones, dadas las diferencias de criterios entre unos y otros.
En ese sentido, señaló que no ven con los mismos ojos que los sindicatos, el tema de convenciones. Sin embargo, resaltó que los diálogos han servido para que los diferentes actores encuentren consenso.
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“En convenciones colectivas no hubo acuerdo. Pero si lo hubo en cómo se debería armar la rectoría del empleo público. Hay que acordarse que, su posición, era que la ley sólo incluyera a los empleados nuevos.
“Tras conversaciones ellos entraron en razón y dijeron: ‘Todos tenemos que entrar en salario global’, lo cual fue un gran acuerdo que se tuvo en la mesa”, añadió.
Por su parte, el representante lamentó que, al día de hoy, la Uccaep no ha recibido un espacio para hablar directamente con el Presidente. De momento, la Unión solamente ha sido atendida por la ministra de la Presidencia, Geannina Duarte, y el ministro de Hacienda, Elián Villegas.
Este medio consultó a Casa Presidencial sobre la solicitud enviada por el gremio, el pasado 26 de noviembre, la respuesta que se le dio al trámite y si ya se estableció una fecha para la reunión. Sin embargo, no se obtuvo respuesta al cierre de esta edición.
El acuerdo
El pasado 22 de enero, el Poder Ejecutivo anunció un acuerdo con el FMI para un préstamo por $1.750 millones, tras comprometerse a una serie de medidas para reducir reducir el gasto público a un 3,59% del PIB y lograr ingresos del 1% en el 2025.
Además de propuestas como la Ley Marco de Empleo Público, así como una renta a asociaciones solidaristas y cooperativas, el Ejecutivo anunció tres proyectos adicionales.
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No obstante, todos ellos han generado discrepancias. Se trata de:
- Impuesto a casas de lujo (expediente N° 23.382)
- Renta global dual (expediente N° 23.383)
- Ley de Aporte Solidario y Temporal Sobre la Utilidad de las Empresas Públicas al Pueblo Costarricense (expediente N° 23.384)
Siga la entrevista a continuación:
Marco Marín
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