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Uccaep buscará generar una contrapropuesta para incluir al acuerdo entre el Gobierno y el FMI

La propuesta presentada por el Gobierno este jueves para la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI) cayó como un…

Por Paula Umaña

Tiempo de Lectura: 4 minutos
Uccaep buscará generar una contrapropuesta para incluir al acuerdo entre el Gobierno y el FMI
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La propuesta presentada por el Gobierno este jueves para la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI) cayó como un balde de agua fría en el sector empresarial, pues la gran mayoría de la iniciativa está basada en un aumento en los impuestos.

Ante esto, la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep) intentará encontrar opciones para generar una contrapropuesta al Ejecutivo, que pueda ser tomada en cuenta para alcanzar el acuerdo con el organismo internacional.

“Estamos opuestos a más impuestos. Sentimos que ya la balanza está demasiado carga del lado del sector productivo y los impuestos. Y no es solo oponernos, más bien hacer alguna contrapropuesta y ver cómo balanceamos la carga entre ingresos y gastos”, comentó José Álvaro Jenkins, presidente de la Uccaep.

Jenkins señaló que ya se conformó un comité para trabajar en el tema, pero que por el momento no podía señalar cuál será el contenido de la propuesta, puesto que continúan estudiando el plan que el Gobierno le presentará al FMI.

El sector empresarial deberá correr, pues el inicio de las negociaciones con el ente financiero internacional dará inicio el próximo lunes 5 de octubre.

“En algún momento antes del 5 de octubre estaremos enviando algunas de las propuestas que consideremos que deberían estar incluidas en ese acuerdo”, dijo Jenkins, quien lleva una semana como presidente de la agrupación.

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Propuesta del Gobierno

Aunque algunos temas sobre la propuesta que presentó ayer el Gobierno se habían filtrado desde horas de la mañana, otros fueron más sorpresivos, destacando en la parte de impuestos:

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  • Ajustes en impuesto de renta a salarios que superan los ¢840.000, a partir de ahí el impuesto arrancará en 12,5%, subiendo de forma escalanada hasta el 35% para quienes ganan más de ¢4,3 millones
  • Aumento del 0,50% en el impuesto sobre bienes inmuebles
  • Impuesto de 0,3% a las transacciones bancarias por próximos 2 años y después 0,2% por otros dos años
  • Impuesto de renta para grandes cooperativas, Caja de Ande y Salario Escolar.
  • Sobretasa de entre 5 y 10% a las corporaciones que están al 30%
  • Renta global a partir del 2023
  • Devolución del IVA en canasta básica a los sectores bajo línea de pobreza

En temas más estructurales, el plan contempla:

  • Plan de movilidad laboral para bajar planilla estatal en 7.000 personas
  • Reducción de la deuda política a la mitad
  • No aplicar aumentos salariales en sector público hasta que deuda baje del 60%
  • 4 años de suspensión de anualidades en el sector público
  • Cierre de órganos deconcentrados adscritos a ministerios
  • El 5% de cada salario pagado por patronos a Fodesaf será asumido por el Estado
  • Rebaja de 50% del costo de gas LPG para el sector industrial
  • Venta de BICSA y Fábrica Nacional de Licores (FANAL), así como de terrenos públicos sin uso.

En desacuerdo

La propuesta que se negociará con el FMI generó reacciones de casi todos los sectores productivos y de consumidores, todas ellas negativas y de rechazo a más impuestos.

Tanto Uccaep, como las cámaras de Comercio (fuera de la Unión), Construcción, Industrias, Turismo, Industria Alimentaria, Exportadores y la de Comercio Exterior piden al Gobierno medidas más concretas para la reducción del gasto público.

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La Cámara de Exportadores (Cadexco), liderada por Laura Bonilla, se opuso de manera contundente a nuevos impuestos y aseguran que la propuesta “está totalmente desbalanceada en contra del sector productivo”.

Posiciones empresariales

“La propuesta del Gobierno está sesgada hacia los impuestos que afectarán al sector productivo y con ello la reactivación y el crecimiento económico y la generación de empleo. Del lado del gasto hay poco nuevo y lo que tiene mayor impacto es lo que ya de todas formas se tiene que aplicar de forma estricta el contenido de  la Regla Fiscal”, dijo Enrique Egloff, presidente de la Cámara de Industrias.

“Como sector exportador esperábamos una propuesta rigurosa basada en la regla fiscal, sin la creación de nuevos impuestos y con eficiencia en la recaudación de impuestos. También queríamos avances en la Ley de Empleo Público y en la fusión de entidades con el fin de procurar eficiencia y reducción de gastos”, comentó Laura Bonilla, presidenta de Cadexco.

“En medio de una profunda recesión económica como la actual y con una tasa de desempleo que afecta a una cuarta parte de la población económicamente activa, la vía de los impuestos destruye más valor del que genera y reduce aún más la posibilidad de reconstrucción de los puestos de trabajo eliminados a raíz de las medidas sanitarias tomadas en los últimos seis meses”, señaló Maurizio Musmanni, presidente de la Cámara Costarricense de la Industria Alimentaria (Cacia).

“Aumentar la carga impositiva para el sector productivo y los consumidores,
generaría un impacto negativo en la competitividad, la formalidad, la capacidad
adquisitiva de las familias y el crecimiento económico de Costa Rica”, explicó Julio Castilla, presidente de la Cámara de Comercio.

“No se debe perder de vista que la manera de combatir la pobreza, de manera sostenida y sostenible, es la generación de más y mejores empleos y el 86% de los puestos de trabajo en Costa Rica son creados por el sector productivo privado, que es precisamente el blanco de muchos de los ajustes propuestos”, señalaron desde la Cámara de la Construcción (CCC), presidida por el ingeniero Esteban Acón.

“No vemos un sacrificio ni las decisiones contundentes para lograr las reformas profundas que se requieren del lado del Estado para resolver los problemas estructurales y no seguir en el mismo círculo de problemas”, expresó el presidente de Canatur, Rubén Acón.

“Hay una gran claridad en los impuestos que quieren poner, pero no hay la misma claridad en el cálculo de los recortes de gastos, en la fusión de entidad y en la venta de activos del Estado”, dijo José Manuel Quirce, presidente de Crecex.