Manuel Sancho
Aunque el Registro de Transparencia y Beneficiarios Finales (RTBF), conocido como registro de accionistas, comenzó a regir el 1 de este mes, ahora la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep) pide una prórroga.
El 26 de agosto, el Banco Central de Costa Rica, el Ministerio de Hacienda y el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) informaron que estaban listos, para dar inicio al proceso obligatorio contemplado en la Ley para Mejorar la Lucha contra el Fraude Fiscal.
Ahora el sector privado justifica que las empresas darán información sensible, por lo cual pide una prórroga en la aplicación de las eventuales multas. Según la Unión al desaparecer la sociedad anónima y obligarse al registro de accionistas, implica “cambios fundamentales y estratégicos”.
La Uccaep alega que se generó inseguridad jurídica. Por eso este miércoles su Consejo Directivo tomó el acuerdo de enviarle una carta a la ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, para que se atrase el plazo.
El registro de accionistas es un proceso que debe completar cada representante legal de las sociedades anónimas, sociedades de responsabilidad limitada, empresas individuales de responsabilidad limitada, entre otras.
Servirá como un repositorio, en el que las personas jurídicas deben incluir a todos sus accionistas o beneficiarios. El objetivo es tener un control de las personerías, que podrían ser usadas para ocultar la realidad económica y capacidad de las personas físicas detrás de las jurídicas.
Las multas por no cumplir van desde ¢1,3 millones hasta ¢43 millones. Fue uno los puntos más álgidos en la discusión de la Ley, que busca evitar la elusión de responsabilidades fiscales y otros actos irregulares.
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Empresas sin firma digital
El vicepresidente de Uccaep, Alvaro Sáenz, cuestionó que el Banco Central, el ICD y Hacienda entregaron hasta agosto, las certificaciones de calidad que exige la ley sobre el resguardo, custodia y acceso restringido a la información de los obligados.
“Provocó un ambiente de incertidumbre en las empresas que no promovió obtener la firma digital ni empezar el proceso de registro. Prueba de esto es que a la fecha hay una gran cantidad de representantes de empresas que no han gestionado su firma digital y en este momento, no hay capacidad instalada en los puestos autorizados en algunos bancos para evacuar a tiempo todos los pendientes”, justificaron desde la Uccaep.
Sáenz agregó que a finales del mes pasado, el ICD y Hacienda enviaron las certificaciones que exige la ley. Por eso muchos presidentes no habrían podido tramitar su firma digital.
Según el Vicepresidente, por seguridad de la información relevante y sensible que se debía entregar, los empresarios no estaban dispuestos a remitir dicha información sino existían esas certificaciones.
El Gobierno ya dio una prórroga en marzo pasado, por dudas de los empresarios.
“Al sector privado se le debe igual seis meses de preparación, pues lo último que queremos, y así lo previó el legislador en la ley, es que la información sensible y estratégica caiga en manos de personas inescrupulosas como lamentablemente ocurrió en el pasado”, señaló Sáenz.
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Manuel Sancho
