Marco Marín
Con el objetivo de que, una vez aprobada, la Ley Marco de Empleo Público no presente vicios que pongan en riesgo su implementación, la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep) presentó una serie de propuestas ante la Asamblea Legislativa.
De momento, las principales sugerencias de la organización pasan por el tema del salario global, según se desprende del planteamiento presentado, este lunes.
La representación empresarial solicita que sea el Ministerio de Planificación (Mideplan), la entidad que asuma la rectoría en el tema. No obstante, para impedir “conflictos de autonomía”, considera que la Dirección de Servicio Civil sea el ente técnico.
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En cuanto al tema del traslado de los funcionarios públicos al modelo universal, la Uccaep sugirió las siguientes tres reglas, a partir de la entrada en vigencia del texto:
- Prohíbe la reducción del salario bruto que el funcionario público percibe en su totalidad.
- Quien gane igual o más del salario referencia, en su categoría, solamente recibirá ajustes salariales por concepto de costo de vida, con ciertas excepciones estipuladas por la ley.
- Quien gane menos del salario de referencia continuará ganando el mismo monto. Para alcanzar el suelo estipulado tiene derecho a “una política de incrementos salariales adicionales a los ajustes por costo de vida” para alcanzar dicho sueldo.
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Mejoras
La Unión insiste en que la aprobación del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) es vital para la reactivación económica del país. El pasado 22 de enero, el Gobierno anunció un pacto con el organismo internacional para recibir un préstamo por $1.750 millones.
Como parte de la negociación, el Ejecutivo se comprometió a una serie de impuestos para aumentar la recaudación fiscal entre el presente año y el 2025. Al mismo tiempo, se comprometió a bajar el gasto público.
Sin embargo, en las últimas semanas, diversos sectores insistieron en la necesidad de revisar los textos para asegurarse que son claros y correctos. Por esta razón, solicitaron una pausa de un mes. No obstante, el Gobierno insistió en seguir adelante y rechazó la propuesta.
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A pesar de ello, los expedientes N° 22.382, 22.383 y 22.384, han estado bajo el escrutinio público y a todos ellos se les han hecho observaciones. Estos tres proyectos de ley fueron parte del acuerdo con el FMI.
“El primer capítulo para un acuerdo con el FMI, es la Ley de Empleo Público y por ello es sumamente importante que esta iniciativa se blinde. El peor mensaje que podría enviar nuestro país es que este proyecto llegue a contener vicios que pongan en peligro su aprobación final”, señaló el presidente de la agrupación, Álvaro Jenkins.
Marco Marín
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