Tomás Gómez
Según proyecciones de la Universidad de Costa Rica (UCR) a partir del 2021 su déficit crecerá de forma exponencial.
Para ese año la diferencia entre gastos e ingresos será de de ¢5.900 millones. La cifra subirá a ¢9,900 millones y ¢14.539 millones en los siguientes años, hasta alcanzar ¢20.000 millones en el 2024.
La encargada de la Oficina de Planificación Universitaria de la UCR, Carolina Calderón, reveló el alarmante panorama del déficit este lunes, ante los diputados que analizan el financiamiento de las universidades estatales.
Según Calderón, desde el 2014 la situación financiera de la UCR se ha agravado. Antes de esa fecha el contexto económico del país auguraba crecimientos presupuestarios más amplios.
“Eso potenció a todas las universidades a un crecimiento y un desarrollo diferentes. Se crearon fondos del sistema, se hizo el fondo de solidaridad, se contribuyó con educación a distancia. El crecimiento del FEES era muy diferente al que tenemos actualmente”, indicó.
Justo después en agosto del 2015, tras su primer año de gobierno, el entonces presidente Luis Guillermo Solís avaló un aumento del 7,35% en el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES). En plena crisis fiscal y con conocimiento detallado de los problemas estructurales en las finanzas de las universidades, Solís le dio un exagerado aumento a las universidades. Casi el 60% del FEES se usa para pagar salarios.
OBSERVE MÁS: Realidad desfasada»: rector de la UTN admite salarios exagerados en universidades públicas
Reproches y promesas
Los representantes de la UCR aprovecharon la visita para reclamar que además del crecimiento de sus gastos, el presupuesto se ha visto presionado por la disminución en el aumento del FEES, que alimenta a las universidades estatales.
Según Calderón, desde el 2014 se han tomado medidas como:
- rebaja de anualidades
- no generación de plazas
- disminución de remuneraciones adicionales
Carolina Calderón aseguró que el modelo salarial debe revisarse, pero teniendo un equilibrio entre la autonomía universitaria y la sostenibilidad financiera.
OBSERVE MÁS: «Régimen salarial de la UCR es insostenible», admite rector Henning Jensen
Sobre la implementación de la regla fiscal en la institución, la encargada recordó que se trata de un tema bajo estudio de la Sala Constitucional.
Desde julio, las universidades estatales acudieron a la Sala, para intentar evadir la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas en la aplicación de la regla fiscal.
La regla fiscal es un límite al crecimiento del gasto corriente, sujeto al crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB). Así el aumento de un presupuesto está “amarrado” al comportamiento de la economía y de la deuda del Gobierno central. Se contempla en el Capítulo IV de la Ley 9635.
El Ministerio de Hacienda ha insistido que universidades y municipalidades deben cumplir la regla.
OBSERVE MÁS: Rocío Aguilar empuja por mantener a universidades y municipios dentro de la regla fiscal
Comisión cerró su trabajo
La Comisión Investigadora del FEES, creada para estudiar la forma en que las universidades gastan la transferencia de recursos públicos, cerró su trabajo con la comparecencia de esta mañana.
A lo largo del año pasaron por ella representantes del Gobierno central, el Poder Judicial, la Contraloría General de la República y las universidades. Todos, hasta los rectores, alertaron sobre el estado financiero en que pueden quedar los centros académicos, sino se ajustan sus organizaciones y dinámicas.
El legislador liberacionista y presidente de la comisión, Wagner Jiménez, adelantó que comenzarán a trabajar las conclusiones y el informe final. Pero aún no tiene fecha de presentación.
OBSERVE MÁS: Rector de la UNA: «Nadie tiene derecho de venir a decirnos, desde afuera, cuánto y qué son gastos de inversión»
