Tomás Gómez
La administración de la Universidad de Costa Rica (UCR) notificó el 30 de abril a su sindicato (Sindeu) sobre la modificación a la convención colectiva que los cubre.
Se trata específicamente de renegociar los siguientes puntos:
- Aumentos por costo de vida: actualmente se hacen dos ajustes salariales anuales según las variaciones en la inflación (Artículo 9)
- Zonaje: hay un sistema de pagos diferenciados para personal docente y administrativo que tenga que hacer cambios de domicilio residencial y legal por trabajar en sedes regionales (Artículo 10)
- Anualidades: la Universidad paga sus empleados incentivo por cada año laborado de 3,75% (Artículo 14)
- Comisión de desarrollo: existe una comisión integrada por representantes administrativos y sindicales. Se encarga de hacer recomendaciones en temas como incentivos y a sus miembros se les da permiso con goce de salario para las reuniones (Artículo 17)
Todos estos puntos están contenidos en la Convención suscrita desde el 2018 y según la administración se trata de un esfuerzo con readecuar el sistema salarial interno.
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Pedro Méndez, coordinador de la comisión que realiza la reforma salarial, explicó que los artículos que se denunciarán fijan montos de incentivos y aumentos que podríanreajustarse en un nuevo modelo salarial.
“Si estos permanecieran tal y como se encuentran redactados actualmente, harían imposible cualquier reforma integral del sistema”, explicó la UCR.
Tras la notificación al sindicato, arrancará un proceso para renegociar tales beneficios.
“Ejemplo de Derechos Humanos”
Para el rector de la UCR, Gustavo Gutiérrez, existe interés en preservar la convención actual.
“La actual Convención Colectiva de Trabajo es modelo para el país por su enfoque de
derechos humanos, y estamos satisfechos con la mayoría de los artículos allí plasmados”, dijo.
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Pese a ello agregó que hay que seguir con el ajuste de privilegios tanto por el proceso como por los procesos judiciales en curso.
Específicamente se trata de un reclamo contra las reformas al gasto introducidas por el Plan Fiscal del 2018, lo que también fija nuevos parámetros a los destinos del dinero público que reciben tanto la UCR como las otras universidades estatales.
