Educación

Un administrador será el nuevo rector de la UCR en medio de la pandemia

Carlos Araya Leandro, quien ocupó la Vicerrectoría de Administración de la Universidad de Costa Rica (UCR) por los últimos 8…

Por Tomás Gómez

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Un administrador será el nuevo rector de la UCR en medio de la pandemia
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Carlos Araya Leandro, quien ocupó la Vicerrectoría de Administración de la Universidad de Costa Rica (UCR) por los últimos 8 años, será el nuevo rector de la institución.

Su nombramiento se da en medio de un escenario complicado y tecnicismos legales, pues las elecciones oficiales, que se debían haber realizado dos semanas atrás, fueron canceladas debido al coronavirus.

Ante el vacío de poder que se generaría, el rector actual, Henning Jensen, optó por adelantar su jubilación y dar ceder el espacio al vicerrector que el Consejo Universitario designara.

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Por la sustitución compitieron Araya y la vicerrectora de Investigación, Yamileth Angulo, recayendo el nombramiento en el primero.

De acuerdo a la normativa, Araya asumirá el próximo lunes y completará el periodo de Jensen, que finalizaba el 18 de mayo. A partir de esa fecha, se desempeñará como rector interino hasta que el tribunal electoral de la institución replantee el proceso para designar al sucesor.

Carlos Araya -de corbata morada- al asumir como vicerrector en el 2012. Antes había ocupado diversos puestos en la sede universitaria de Turrialba (UCR)

Proceso polémico

La designación de una nueva cabeza para la UCR no ha estado exenta de polémica.

En primer término se señaló la salida abrupta del actual rector y luego se presentaron diversas posiciones para nombrar un sucesor.

Según informó el periódico Semanario Universidad además de la designación de uno de los vicerrectores un grupo de académicos impulso que fuera el propio Consejo Universitario quien asumiera la administración, opción que fue descartada.

La vicerrectora de Docencia, Marlen León interpuso un recurso de amparo para que se buscara la manera de realizar votaciones pues según ella la cancelación viola los derechos constitucionales de los electores, además de que si se determinara que el proceso de sustitución no fue el adecuado, las decisiones podrían terminar anulándose. (UCR)