Tomás Gómez
Un elemento clave de la llamada Operación Diamante fue declararla como crimen organizado y a partir de ahí poder hacer intervenciones telefónicas esenciales para la investigación.
Documentos que han trascendido muestran que ese proceso se completó hace casi un año, en diciembre del 2020, pero no es hasta ahora, que el caso estalló a la opinión pública y avanza judicialmente que los abogados de los imputados detectaron errores que a su criterio podrían hacer tambalear todo el caso.
La génesis de todo el conflicto data de las resoluciones del 28 de diciembre del 2020. En ellas se acepta darle el rango de crimen organizado al caso, pero la declaratoria partió de un machote de otro expediente con hechos completamente distintos que estaría afectando las garantías procesales de los investigados.
Específicamente, la resolución habla de un aborto sin consentimiento y homicidio. Además, menciona a otras personas absolutamente ajenas a la trama de obras públicas y alcaldes que atrajo todos los focos esta semana.
El “copy/paste” que ahora atacan los abogados se extendió por varios párrafos, por lo que los elementos considerados para la Operación Diamante se trasponen ahora a detalles completamente ajenos.
A ello se suma una segunda resolución del tema donde el machote base insiste en el tema de un aborto totalmente inconexo a la Operación Diamante. Todo esto, además, endilgado a personas totalmente ajenas a la causa.
Los reclamos de los abogados
Aunque las autoridades hablan de que la Operación Diamante lleva casi dos años, no es hasta ahora que surge el tema del supuesto error del machote.
Los primeros datos del caso fueron brindados por el abogado Juan Marco Rivero el jueves pasado. Según él se trata de un error incorregible que podrían traerse abajo todos los datos surgidos de él en adelante.
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“Cuando uno ve y analiza el expediente, dial se da cuenta que están pensando en otra cosa, fue un machote que tomaron de otro lado, pesando en una causa por homicidio y ni siquiera fueron para corregir el punto”.
“Y nadie, ni jueces, ni fiscales, ni agentes del OIJ se dieron cuenta de esa situación. En mi criterio las consecuencias de este error son devastadoras”, señaló.
Él interpuso su recurso el jueves y al menos un abogado más habría hecho lo propio. Además, otros defensores indicaron el jueves que esperarían otros momentos del proceso para el mismo reclamo.
Señalamientos a la jueza
Juliana Jiménez es la jueza que firmó los documentos ahora en disputa y también quien estuvo a cargo de la audiencia de medidas cautelares.
Este doble rol ya había sido objeto de polémica pues inicialmente varios abogados intentaron rechazar su presencia en la causa con una recusación.
Jiménez rechazó la opción y también lo hizo el juez superior a cargo de la apelación.
15 obras comprometen a los alcaldes
La llamada “Operación Diamante” explotó el lunes a primera hora con 40 allanamientos.
Estos incluyeron 8 municipalidades: San José, Alajuela, Cartago, Escazú, San Carlos, Golfito, Siquirres y Osa. También se intervinieron casas de alcaldes y la oficina del Convenio MOPT-BID, además de recintos particulares.
De acuerdo con la Fiscalía, se investiga una “organización criminal”que opera en el sector de infraestructura vial cantonal.
Presuntamente, a cambio de dádivas o promesas de retribución, los funcionarios intervenían para generar beneficios indebidos.
Se indagan al menos 15 proyectos en todas las municipalidades. Estos incluyen parques, aceras y mantenimiento de vías.
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Se presume que los funcionarios públicos favorecían a las empresas ejerciendo controles de licitaciones para la adjudicación de contrataciones, pago adelantado de facturas e inicio anticipado de obras públicas.
A cambio, se sospecha que se dieron retribuciones ilegales, que incluyen dinero en efectivo, trabajos de construcción en viviendas de las personas involucradas y entrega de vehículos.
El caso se lleva bajo el expediente 20-009616-0042-PE por los delitos de cohecho, tráfico de influencias y penalidad del corruptor.
