Tomás Gómez
La intención original era sancionar al narco donde más le duele: en su riqueza.
Con esa misión se presentó un proyecto de ley expediente 19.571, para introducir la figura de la extinción de dominio en el país, y así despojar a los traficantes de drogas de bienes adquiridos producto de su actividad ilegal.
En su exposición de motivos, el documento original defendía la propuesta indicando que estaba dirigida “a limitar el poder y capacidad de actuación de la delincuencia, y en particular de la organizada, para enriquecer su patrimonio en contra del ordenamiento jurídico”.
Cuatro años y muchas mociones después, la iniciativa sigue siendo un proyecto en manos de los diputados, pero del texto original a la última versión hay diferencias abismales que no dejan satisfechas a ninguna de las partes involucradas en el proceso legislativo.
Una alternativa
Hablar de extinción de dominio no es novedoso. Su implementación lleva décadas en América Latina e incluso es una herramienta respaldada por las Naciones Unidas donde, mediante la Oficina contra la Droga y el Delito (UNODC), se estableció una ley modelo para que los países avancen más rápido en su implementación.
Ante el escenario en que “la lucha contra las drogas se estaba perdiendo”, en mayo del 2015 el entonces diputado liberacionista Antonio Álvarez presentó la versión original del proyecto de ley para que Costa Rica adoptara la figura de extinción de dominio.
Según Álvarez, si no se avanza en la materia, al país podrían llegar capitales cuestionados en otros lugares donde la extinción de dominio ya se aplica.
“Se agarra al chofer del bus, se agarra al piloto de la avioneta o se agarra a la mula que lleva por el aeropuerto los óvulos que se tragó, pero los narcos siguen libres. Si no los podemos meter a la cárcel, quitémosles la riqueza”, comentó Álvarez a El Observador.
Para alcanzar dicho objetivo, el plan original creaba la figura del “juez de extinción de dominio”, a quien le correspondería tramitar los casos denunciados por la Fiscalía, y quien asumiría por completo la carga de la prueba con ayuda del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
Un proyecto irreconocible
Desde su llegada a la Asamblea Legislativa el proyecto en cuestión ha pasado por el plenario, la Comisión de Seguridad y Narcotráfico y hasta por una comisión específica establecida para su análisis.
Los remiendos y ampliaciones hechos al texto en cada una de sus etapas desvirtuó el proyecto, pues si se aprobara tal cual está ahora, quienes se dedican al narcotráfico serían una minoría entre los eventuales sancionados.
La lista de delitos a los que cabría castigar con este sistema pasaría de sancionar exclusivamente el narcotráfico, el lavado y el terrorismo, a una lista de más de una veintena de eventuales sujetos de acción de la norma.
Además de todos aquellos relacionados con las drogas, entrarían la corrupción, el enriquecimiento ilícito, el contrabando, el secuestro extorsivo o la explotación sexual e incluso, llegaría a abarcar los delitos tributarios, que aunque suene atractivo a primera vista, vuelven dificultosa su aplicación, dejando el espíritu de la norma de lado, lo cual atenta contra su implementación.
A esto se le suman preocupaciones respecto a la presunción de inocencia y la aplicación del derecho, como se conoce hasta hoy en día, pues la carga de la prueba ya no correspondería solo a la Fiscalía como acusador, sino que las personas denunciadas se verían en la obligación de demostrar inocencia, mientras son afectadas con comisos preventivos.
“Los diputados y la ciudadanía tenemos certeza de los riesgos”, agregó el diputado liberacionista Gustavo Viales, presidente tanto de la comisión especial de Extinción de Dominio, como del foro de Seguridad y Narcotráfico.
“Por diferentes presiones el proyecto se empezó a abrir y abrir hasta que se volvió una ‘Caja de Pandora’ sin seguridad jurídica”, comentó Zoila Rosa Volio, diputada por el Partido Integración Nacional (PIN), e integrante de la comisión especial que analizó el proyecto.
“Sin causa lícita aparente”
La ampliación del marco de aplicación para la Ley de Extinción de Dominio no se quedaría en la lista ampliada, sino también se vería potenciada por un portillo jurídico en el artículo 15 de la propuesta, en la que se habilita usar la figura en todos aquellos hechos que carezcan de “causa lícita aparente”.
“Si usted es chofer de Uber y con esa plata usted compró una casa, el día de mañana se la quitan porque Uber es una actividad ilegal”, señala el exdiputado Álvarez.
“Hasta un matrimonio podría denunciarse por no tener causa lícita aparente porque la pareja se casó por plata o por interés, entonces la causa del matrimonio es aparente, y eso es abrir una llave peligrosísima”, ejemplifica.
A esa crítica se sumó también la Maestría en Ciencias Penales de la Universidad de Costa Rica (UCR), que ante la consulta de Asamblea Legislativa, encendió las alertas por la ampliación que se presentó en los posibles usos de la extinción de dominio.
“De ser un proyecto de ley para desarticular el crimen organizado a partir de la supresión de sus ganancias, pasa a ser un proyecto con el que se pretende incautar todo capital cuyo origen no pueda ser explicado por parte de su titular, siendo intrascendente cuál sea ese origen. Tampoco tiene importancia si el afectado tiene o no relación con algún delito”, detallaron los docentes del posgrado.
¿Quiénes defienden una versión ampliada?
Hay dos lugares donde se puede encontrar a los defensores de la amplitud del marco de acción: uno es el Poder Judicial y el otro el Partido Acción Ciudadana (PAC).
El primero lo representan la Fiscalía y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), quienes en alianza con el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), promueven el uso de la extinción de dominio para la mayor cantidad de delitos.
Mediante una carta, la fiscal general, Emilia Navas, defendió que “la posición de la Fiscalía General es no establecer una lista de delitos que definan actividad ilícita, dejando por fuera todas las demás conductas típicas contenidas en el Código Penal y Leyes Especiales”.
En el OIJ también apuestan por la generalidad:
“Lo que pretendemos es que la ley que se divulgue sea eficaz y lo más efectiva posible, entonces nosotros nos hemos decantado por un concepto más genérico de ‘actividad ilícita’ en el que caben los delitos que los señores diputados quieren incluir, y también algunas otras acciones”, declaró el director del Organismo de Investigación Judicial, Walter Espinoza.
Esa misma posición es la que mostró el legislador oficialista Víctor Morales Mora en la comisión de análisis del proyecto, en la que se distanció de las demás bancadas.
“En la Fracción del Partido Acción Ciudadana hemos estado analizando y estudiando las propuestas, sobre todo, también el texto que la Corte Suprema de Justicia ha presentado, en relación con (que) las definiciones y el ámbito de aplicación de este proyecto, sea un ámbito amplio, no una propuesta que restrinja, que reduzca, sino una propuesta amplia”.
Para profundizar esa postura El Observador también le consultó su posición a Carolina Hidalgo, representante del PAC en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, pero la expresidenta legislativa prefirió no referirse al caso.
Diputados intentarán un rescate
En la Asamblea Legislativa hay un ambiente sólido para reformar el proyecto y devolverle su espíritu original.
“Somos claros que a como está el proyecto, con las sugerencias del Gobierno y la Fiscalía, no va a pasar en la Asamblea Legislativa”, afirmó el verdiblanco Viales.
El presidente del foro señaló que hay acercamientos entre las bancadas de la Unidad Social Cristiana, Liberación Nacional, Integración Nacional, el bloque de diputados cercanos a Nueva República y Restauración Nacional, para ajustar el proyecto, al que se le estarían modificando el ámbito de aplicación, para delimitarlo nuevamente a narcotráfico y lavado de dinero.
Además, se cambiaría la carga de la prueba, delegándola exclusivamente en el Ministerio Público.
El socialcristiano Pablo Heriberto Abarca insiste en que aún es necesario ajustar el texto para generar confianza.
“Lo que está claro es que no se va a votar si no existe una verdadera garantía constitucional”, dijo, para agregar que “al proyecto que está ahorita todavía le falta” discusión.
Palabras similares suscribe Zoila Rosa Volio, del PIN, quien adelantó que ya se buscan consensos para un nuevo texto con pocas causales en las se recupere la intención original de combatir el tráfico de drogas.
“Al narco solo le duelen dos cosas: que le toquen su patrimonio o que lo extraditen. Dejemos la extradición para luego pero entrémosle entonces a extinción de dominio”, concluyó Volio.
