Desde la Columna
lic, Analista Senior de Políticas de la Alianza Transnacional Para Combatir al Comercio Ilícito (TRACIT)
La naturaleza altamente contagiosa y letal del Covid-19 ha desafiado a los gobiernos de todo el mundo a implementar rápidamente medidas para detener la propagación del virus. Medidas tales como las restricciones al trabajo, la enseñanza desde el hogar, o incluso las cuarentenas estrictas, se han convertido rápidamente en la nueva norma.
Y, si bien todas estas medidas tuvieron como principal objetivo la digna búsqueda del “distanciamiento social”, ninguna de estas se ha implementado con garantías de éxito, y en muchas ocasiones sin comprender las consecuencias negativas que podrían acarrear en otros aspectos de la vida y el comercio.
Desde Alianza Transnacional Para Combatir al Comercio Ilícito (TRACIT), nuestra misión es mitigar el comercio ilícito y es por eso que, observamos con gran preocupación algunas de las políticas implementadas en los países latinoamericanos que ya eran vulnerables al comercio ilícito, y que dichas medidas pudiesen impulsar la actividad criminal.
En particular, donde los gobiernos impusieron prohibiciones estrictas, hubo un considerable aumento de los mercados ilícitos. Con el fin de evitar estas consecuencias no deseadas, advertimos a varios gobiernos sobre los efectos secundarios no deseados de sus políticas.
En el caso de las restricciones al alcohol en países como México, Colombia, Panamá y República Dominicana, también advertimos a los consumidores sobre los daños graves que el alcohol ilícito puede conllevar e instamos a los gobiernos a evitar medidas que puedan agravar la ya compleja situación.
Costa Rica no es la excepción. Recientemente resurgió el proyecto de ley N ° 20.961, eque introduce un nuevo esquema de timbres fiscales para combatir el crecimiento del mercado ilícito en el país con medidas cuya eficacia no están debidamente testeadas.
En septiembre de 2019, ya se había desaconsejado la implementación de la ley de timbre fiscal sin que medie un previo análisis de costo-beneficio adecuado. Desde TRACIT también hicimos foco en este punto. Resaltamos la necesidad de realizar valoraciones empíricas, análisis de los impactos fiscales y económicos y una evaluación de los impactos en fabricantes e importadores.
Sin embargo, la nueva versión del proyecto no prevé una evaluación de su eficiencia, costo para los contribuyentes o impacto en los consumidores y los mercados ilícitos. Por lo tanto, no se estaría cumpliendo con la cautela que este tipo de medidas requiere.
Es menester asegurar que la introducción de nuevas leyes tributarias no sea apresurada y no tenga impactos negativos en el crecimiento económico y empresarial.
Aprender de lo que pasó en otros países
En un reporte reciente lanzado por TRACIT sobre alcohol ilícito en Costa Rica presentamos ejemplos de la introducción de nuevos esquemas de timbres fiscales en otros países, los cuales fueron muy costosos y poco eficientes.
Entre los casos prácticos se encuentra uno del Servicio de Impuestos Internos de Ecuador, que introdujo un sistema de timbres fiscales que fue rápidamente abandonado.
El informe también incluye el análisis de una situación similar en Mozambique, donde el régimen de timbres de control fue introducido por la Autoridad Fiscal de ese país. Desafortunadamente, el régimen no ha ayudado mucho a disuadir el comercio ilícito de alcohol, que aumentó del 60% al 73% en los últimos 4 años.
Teniendo en cuenta las cantidades y el tipo de comercio ilícito de bebidas alcohólicas que prevalece en Costa Rica, los resultados de medidas de timbres fiscales no son prometedores. Los timbres tendrán poco impacto en el control del mayor problema del alcohol ilícito que ingresa al país, el contrabando, el cual no estará sujeto al programa de timbres propuesto por la nueva ley.
Un enfoque apropiado para mitigar el impacto del comercio ilícito es la implementación de una cartera de medidas regulatorias cuya efectividad ha sido confirmada a lo largo del tiempo.
Dentro de estas medidas se encuentra el aumento de sanciones a los actores que abastecen a los mercados con falsificaciones y contrabando, la creación de asociaciones público-privadas para proteger la integridad de los productos y las cadenas de suministro. De la mano de la concientización de los consumidores sobre los daños del alcohol ilícito, entre otras.
Los responsables políticos también deberían focalizarse en el desarrollo de estrategias criminales dirigidas a investigar las bases del comercio ilícito. Deben incluir la confiscación del producto del crimen y la dotación de recursos para que los organismos encargados puedan hacer cumplir la ley.
Desde TRACIT, instamos a los funcionarios de Gobierno y a los sectores industriales, a evaluar las consecuencias no deseadas que podría traer este proyecto de ley. Podrían generar más costos que ingresos y pueden impulsar inadvertidamente el comercio ilícito de alcohol en el país.
Desde la Columna
