Resignada, la contralora general, Marta Acosta, concluyó su comparecencia sobre el futuro de Japdeva en la Comisión del Caribe: “uno no quisiera llorar sobre la leche derramada de lo que no hicimos, pero nos ha tomado un poco tarde la preparación”.
En apenas media hora, Acosta debió resumir una década de burocracia para explicarle a los diputados las peripecias acontecidas desde que se aprobó la construcción de la Terminal de Contenedores de Moín en el 2009, hasta su puesta en operación a principios de este año.
Aunque desde hace diez años se sabía que un nuevo operador portuario llegaría a Limón, instituciones como la Japdeva apenas concluyen sus procesos de preparación, lo que motivó diversos cuestionamientos por parte del ente contralor.
El rol de las instituciones públicas, los procesos judiciales y los beneficios multimillonarios generados por la concesión forman parte de un diagnóstico que coincide con una advertencia recurrente de la Contraloría General de la República (CGR): “el país debe de tomar decisiones”.
Pese a que desde el 2008 se comenzó a hablar de un plan maestro que permitiera a Japdeva estar lista para cambios en su operación y su rol, 11 años después la CGR reitera sus alarmas y advierte sobre los vacíos de la institución como encargada del desarrollo regional.
¿Qué pasará con el dinero?
Inexistencia de criterios para priorizar inversiones, deficiencias en la gestión de proyectos, débil seguimiento y poco acceso a la información fueron parte del diagnóstico presentado.
La situación se agrava pues como parte de la concesión APM debe trasladarle a Japdeva parte de las utilidades para su uso en la mejora de las condiciones de vida en Limón.
Producto de ese canon, entre enero y mayo del 2019 se han generado ¢2,393 millones.
“Debe definirse la cartera de proyectos, tiene que haber un lineamiento estratégico y saber que es aquello que beneficia a la sociedad de la zona”, alertó la jerarca de la Contraloría.
Ante los tribunales
Los diferentes procesos judiciales surgidos a raíz de la construcción de la Terminal de Contenedores de Moín (TCM) también fueron señalados por la Contraloría.
En los estrados judiciales se han cuestionado elementos como la viabilidad ambiental, el proceso de concesión, la sostenibilidad financiera y su relación con la autonomía de Japdeva.
Pese a eso, ninguna de las demandas ha prosperado.
Aunque los recursos provenientes de la concesión ya se están generando, aún se tramita el fideicomiso que permitirá su administración por parte de Japdeva.
Según la CGR, pese a los atrasos, la institución sigue manteniendo el chance de potenciar el crecimiento de la zona caribeña.
“Japdeva tiene que asumir ese rol porque son fondos que están ahí para el desarrollo de la vertiente atlántica y ustedes saben que tenemos un gran desempleo y una gran necesidad y esta es una gran oportunidad”, calificó la Contralora.