Christine Jenkins Tanzi
Una tasa de usura del 43%, estimada a partir de los costos de los bancos, tendría el visto bueno del Banco Central si se le sumara un pequeño “colchón” para tomar en cuenta los gastos administrativos. Eso llevaría la nueva cifra alrededor del 45%, según Rodrigo Cubero, presidente de la Autoridad Monetaria.
La discusión sobre el concepto de «usura» se ha extendido en la Asamblea Legislativa, adonde se están estudiando varias propuestas que tienen la intención de proteger a los consumidores, pero evitando que los consumidores más riesgosos queden sin acceso al crédito bancario.
“En principio creo que los topes tienen un riesgo importante para la economía, que es el de exclusión financiera, pero entendiendo que también hay abusos, yo estaría en favor de que se fije un tope en esta situación en la economía costarricense”, explicó Cubero en entrevista con El Observador este jueves.
Sin embargo, este debe ser razonablemente alto dado que son precisamente las personas más vulnerables las que piden créditos más pequeños y sin garantías, que los hacen más costosos para los bancos.
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Por eso, propone tomar como punta de partida la propuesta de la Sugef, que calcula una tasa máxima «admisible» al sumar costos de los bancos como el costo al que se financian, el costo administrativo, incluyendo los salarios de analistas y técnicos en crédito, y un margen de ganancia moderado. Este también incluye una pérdida esperada, relacionada con la morosidad y las pérdidas que acarrean los consumidores más riesgosos.
“Del análisis de la Sugef que me parece muy razonable y comparto casi en su plenitud, el único segmento que a mí me parece que podría revisarse es el que tiene que ver con el cálculo de los costos administrativos, porque sí es muy difícil para la Sugef con los datos actuales que tiene calcular el costo de hacer un crédito para los segmentos de microcrédito o de consumo de bajos montos y de corto plazo”, comentó.
El monto de 5,06% de gasto administrativo se estimó a partir de los datos más comunes de un grupo de empresas, pero dentro de esto se encontró un mínimo del 3,7% hasta el 8,2%, según el reporte de la Sugef al cual tuvo acceso El Observador.
En general, los costos fijos como la gestación del crédito o los gastos de papeleo son parecidos para un crédito de ¢100 mil que para uno de ¢100 millones, o para uno de un año que de veinte años, por lo que naturalmente los préstamos de bajo monto, y de corto plazo tendrán tasas más altos por colón prestado.
Para Cubero, otro ajuste necesario es que la ley debe definir una tasa máxima que incorpora todas las comisiones, seguros y otros cobros que hacen las entidades financieras, para que sea la verdadera tasa efectiva que se le cobra al consumidor.
“La tasa de usura para evitar esas ‘matráfulas’ debería ser un límite sobre la tasa efectiva, pero como no tenemos buena disponibilidad de datos sobre todo de esas comisiones y esos costos que se incurren en cada operación crediticia, deberíamos de dejar un colchón”, explicó.
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Al tomar el cálculo del 43% pero ajustarlo por mayores costos operativos así como tomar en cuenta que debe ser una tasa efectiva, podría llegarse a un límite del 45% o 46%, según Cubero.
Originalmente, el Banco Central que había propuesto una metodología para excluir los valores extremos o «atípicamente» altos que se encuentran en el mercado, algo que se puede hacer con dos cálculos diferentes.
Una de estas maneras sería “más robusta”, en la que se ordenan de mayor a menor todos los datos de los créditos que se encuentran en el mercado y excluyen los que tienen tasas entre el 2,5% más altas de esta distribución. Esto se conoce como el percentil 97,5%.
Esto establecería un límite del 51% al calcular el promedio para todos los meses del periodo entre enero 2014 a diciembre 2018, durante el cual se formalizaron más de un millón de créditos de consumo o tarjetas por montos bajos y plazos cortos.
La tasa de 57% que originalmente propuso el Banco en realidad se trataba del punto medio de este 51% y del 63% que encontraba con otro método.
Cubero señaló que este nivel del 51% no se encuentra tan alejado del número al que llega la Sugef, pero sí del 30% que propusieron originalmente los diputados. Además, la metodología del Banco Central permite ver el porcentaje de préstamos actuales que serían “ilegales” con la ley.
Por ejemplo, si se establece una tasa límite alrededor del 47%, los datos indican que se estarían prohibiendo el 10% de los préstamos de consumo que se otorgaron por montos menores a ¢5 millones por un plazo menor a tres años.
“Eso les da a los diputados la posibilidad de escoger con claridad adonde está el porcentaje de exclusión que ellos quieren introducir, es decir el porcentaje de operaciones que ellos consideran que debería de quedar fuera porque es excesivo”, consideró.
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Más allá del mercado de bancos y financieras reguladas, existe una oferta de préstamos comerciales y prestamistas que no se encuentra dentro de los datos oficiales, donde si se pueden encontrar tasas más altas que en el mercado formal.
“¿Queremos completamente eliminar un tipo de créditos que se dan, que por su misma naturaleza son costosos para la entidad que los otorga porque tienen un alto nivel de riesgos? Puede ser que la respuesta sea sí. Pero estamos entonces excluyendo un segmento importante de la población, quienes normalmente son los que tienen poco historial creditico, pocas garantías, y bajos niveles de recursos”, señaló Cubero.
“La exclusión financiera de los segmentos más pobres de la población es un efecto muy real, muy peligroso y que hemos visto en otros legislaciones, entonces queremos reducir ese riesgo”, agregó.
Christine Jenkins Tanzi
