Paula Ruiz
Las cinco universidades públicas se comprometieron a crear un régimen de empleo universitario con tal de ser excluidos de la Ley de Empleo Público.
Para ello, se conformará una comisión que revisará los regímenes salariales y dentro de un año harán el planteamiento final ante el Consejo Nacional de Rectores (Conare), informó Francisco González, rector de la Universidad Nacional y presidente de dicho Consejo.
“Una propuesta de régimen de empleo universitario para educación superior estatal, asegurar que corresponda a principios estipulados en la Constitución Política, estatutos orgánicos y leyes que fortalezcan la inversión en áreas clave como la docencia, las becas”, aseguró González.
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A través de una conferencia de prensa, los rectores y sindicatos se comprometieron a apoyar este régimen.
“Reconocemos necesidades de revisar las estructuras salariales para ver su sostenibilidad”, sentenció.
Durante la investigación política sobre el Fondo Especial de Educación Superior (FEES), los diputados concluyeron que los altos salarios en universidades públicas pueden conllevar a su cierre.
En el informe final, revisaron los salarios reportados entre agosto 2018 y julio de 2019 en las cinco universidades públicas con las siguientes remuneraciones:
- más de ¢9 millones: 1 persona
- ¢8 a ¢9 millones: 4 funcionarios
- ¢7 a ¢8 millones: 15 empleados
- ¢6 a ¢7 millones: 32 casos
- ¢5 a ¢6 millones: 111 trabajadores universitarios
- ¢2 a ¢5 millones: 3.354 funcionarios
- de los 100 salarios más altos, 90 están en la Universidad de Costa Rica (UCR), cinco en la UNA, cuatro en la Universidad Técnica Nacional (UTN) y una en el Instituto Tecnológico (TEC).
De fijo no
La decisión de las casas de enseñanza se da cuatro días después de una manifestación de la comunidad universitaria en las afueras del Congreso.
Allí pidieron que las universidades públicas no formen parte del ámbito de aplicación de la Ley de Empleo Público.
Los universitarios aseguran que al incluirlos, se violenta la autonomía universitaria y la Constitución Política.
Por su parte, Pilar Garrido, ministra de Planificación, afirmó con anterioridad que la iniciativa no viola las autonomías constitucionales y tampoco es inconstitucional.
Sus observaciones las justificó mediante votos de la Sala Constitucional.
“La Sala dice que existe (la autonomía) pero no por sí misma, sino por competencias técnicas que fueron asignadas por el constituyente”, señaló Garrido ante diputados en setiembre anterior.
Para esta semana está previsto el inicio de la votación del segundo paquete de mociones, donde varios congresistas proponen precisamente, excluir a las universidades de esta ley.
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