Ojo Crítico

UPAD: una Caja de Pandora en la Casa de Cristal

El Gobierno que se sobrepuso a la huelga del Plan Fiscal, que logró la aprobación de un paquete de impuestos…

Por Tomás Gómez

Tiempo de Lectura: 7 minutos
UPAD: una Caja de Pandora en la Casa de Cristal
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El Gobierno que se sobrepuso a la huelga del Plan Fiscal, que logró la aprobación de un paquete de impuestos y que respaldó la Ley de Huelgas encontró su némesis en los 11 artículos del decreto con el que pretendió crear la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD).

Ilustración Douglas Campos

Las siglas detonaron la que hasta ahora es la peor crisis que enfrenta el autodenominado “Gobierno del Bicentenario”, que no va ni por la mitad de su período.

Aunque legalmente la Unidad existió por apenas cinco días lo ocurrido antes y después desnudó una trama política y jurídica que el país llevaba años sin presenciar y que ya superó los famosos “tres días de vida” que supuestamente tienen los escándalos en Costa Rica.

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Mientras el presidente Carlos Alvarado maneja el proceso en silencio, la oposición se enardece, la Fiscalía allana – un poco tarde a criterio de algunos – y entes como la Defensoría o la Agencia de Protección de Datos intentan salir de sus letargos para emprender investigaciones.

La trama incluye supuestos delitos, superpoderes autogenerados para la Presidencia y hasta dictámenes falsificados, para un escenario que apenas empieza a dilucidarse pero que demostró que en la “Casa de Cristal” que el PAC maneja en Zapote desde hace seis años aún quedan sombras para impulsar algunas ocurrencias.

Una de las pocas apariciones públicas de Carlos Alvarado en la crisis ha sido el Día de la Empresa Privada, donde dijo que la UPAD fue una “torpeza política”

El decreto insostenible y la confesión de parte

La ocurrencia de husmear entre los datos más íntimos de las personas no era una de las críticas que se le hicieran a la administración de Carlos Alvarado.

Se le había señalado por firmar la norma técnica del aborto terapéutico, por las dicotomías de su política económicas o por su complacencia a sindicatos y estudiantes, pero no por un tema como ese.

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Todo cambió la mañana del viernes 21 de febrero cuando una discusión en Twitter reveló el decreto 41996-MP-MIDEPLAN, que tenía una semana de vigencia y en su artículo 7º obligaba a todas las instituciones públicas a que abrieran todos sus registros a la Presidencia.

Ese era el embrión de la UPAD, quien tendría acceso hasta a “la información de carácter confidencial”.

En cuestión de minutos el Gobierno salió a defender la iniciativa y a decir “que así se hace política en el Siglo XXI”.

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Lo hizo con un mensaje de la Ministra de Comunicación, Nancy Marín, donde se admitió que el manejo de datos se daba en Casa Presidencial desde hacía 18 meses, lo que solo encendió más el debate.

A los 45 minutos, el Poder Ejecutivo derogó el decreto pero las aguas no se calmaron.

Aunque el Gobierno trató de bajarle el tono al debate los cuestionamientos no han dejado de llegar y se siguen acumulando, todo esto mientras Carlos Alvarado suma 17 días rehuyendo a la prensa.

Aunque no firmó el decreto ni da órdenes a los asesores de datos, la Ministra de Comunicación, Nancy Marín, ha sido la cara de la polémica por la UPAD mientras otros funcionarios no responden preguntas (Presidencia)

Antes del decreto

Aunque el decreto de la polémica institucionalizó a la UPAD, lo cierto es que el equipo de datos de la Presidencia llevaba año y medio manejando información con intenciones que no han sido explicadas del todo.

La lluvia de cuestionamientos ha llegado por la prensa, que desde el arranque de la crisis ha develado cada día nuevas perspicacias que ocurrían en la Presidencia.

Así lo hizo El Observador al publicar como el asesor Alejandro Madrigal realizó análisis de apoyos políticos del PAC y Restauración Nacional en plena campaña de elecciones municipales.

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El reportaje también mostró otros temas analizados por el funcionario, tales como apoyo a huelgas y asistencia de estudiantes a clases de sexualidad.

Los datos eran trabajados en la aplicación Tableu, de la cual Madrigal eliminó sus registros tras las preguntas de este medio.

Días después este mismo medio hizo público que Madrigal impulsó un convenio para que la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF) permitiera que el Gobierno accediera al Centro de Información Crediticia (CIC), donde se resguardan datos tan delicados como el endeudamiento de las personas.

En medio de la campaña de elecciones municipales el asesor Alejandro Madrigal manejaba información sobre apoyos del PAC y Restauración en las presidenciales del 2018. Además, trataba temas de iglesias evangélicas, apoyo a huelgas, lecciones de sexualidad, entre otros (Tableau)

«Esto, de conformidad con lo establecido en los artículos 132 y 133 de la Ley Orgánica del Banco Central, resulta totalmente improcedente, dado que esta Superintendencia se encuentra obligada a guardar total confidencialidad sobre dicha información, por orden de Ley», manifestó el superintendente Bernardo Alfaro.

A estas revelaciones sumaron otras investigaciones de otros medios como:

  • Diario Extra: expuso la solicitud de datos de registro civil hecha por Presidencia al Tribunal Supremo de Elecciones.
  • CR Hoy: mostró el fracaso del equipo de datos al pretender que la Caja Costarricense del Seguro Social les diera datos financieros de cuotas obrero patronales, lo que está tutelado por ley.
  • Noticias Repretel: reportó el ocultamiento de información a los diputados para recibir un presupuesto de ¢70 millones que financiara a la UPAD.
  • Semanario Universidad: publicó el trabajo de la Unidad para individualizar a docentes que se fueron a huelga por la aprobación de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.

Cuando la falta de permiso no es problema

Si bien el artículo 7 fue el que desató la polémica, la revisión pausada del decreto siguió desnudando el proyecto presidencial.

La polémica, según se supo esta semana, estaba adelantada desde julio del 2019 cuando el Ministerio de Planificación (Mideplan) rechazó las intenciones de crear la oficina.

Según la ley, le corresponde a ese Ministerio analizar, revisar y aprobar la creación, supresión o fusión de unidades en las instituciones públicas.

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En ese marco, siete meses atrás el Ministerio de la Presidencia presentó formalmente la propuesta de reorganización administrativa para la creación de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos e Inteligencia Artificial (Upadia), que sería analizada por Mideplan.

«En el análisis técnico realizado, se determinó que las funciones de la Upadia – entonces UPAD – presentaban una serie de inconsistencias que debían ser aclaradas por el Ministerio de la Presidencia, las cuales fueron comunicadas a dicho Ministerio. De esta manera, Mideplan recomendó no aprobar dicha propuesta», confirmó la institución ante consulta de El Observador.

Pese a esa negativa, el Gobierno dijo en el decreto que Planificación sí había dado su beneplácito a la Unidad.

Así consta el texto, que fue firmado por el mandatario Carlos Alvarado, el Ministro de la Presidencia, Víctor Morales, y el propio viceministro de Mideplan, Daniel Soto.

La medida quedó el firme el 14 de octubre pero no fue hasta el 17 de febrero que se publicó en La Gaceta para su publicación, la cual se hizo en total secretismo y sin ninguna divulgación.

Esta autorización, citada por el decreto, en realidad nunca existió (La Gaceta)

Y llegaron las consecuencias

La derogatoria del decreto no aplacó las molestias por los amplios poderes que se recetó la Presidencia sobre los datos de los costarricenses.

Las acciones legales empezaron a llegar casi que de inmediato, hasta sumar tres demandas penales, dos recursos de amparo y una acción de inconstitucionalidad.

Se abrieron además investigaciones en la Defensoría de los Habitantes, la Agencia de Protección de Datos (Prodehab) y el Ministerio Público.

Las acciones contundentes por parte de la Fiscalía se exigían desde el lunes pero no fue hasta el viernes que una caravana de 15 vehículos apareció en Zapote para un hecho nunca visto en la historia patria: el allanamiento de Casa Presidencial.

La noticia dio la vuelta al mundo y contó con acciones también en Mideplan y cuatro casas de habitación.

Según la investigación, el caso incluye a:

  • Firmantes del decreto: mandatario Carlos Alvarado, Ministro de la Presidencia, Víctor Morales, y viceministro de Planificación, Daniel Soto.
  • Asesores de datos: Diego Fernández, Alejandro Madrigal y Andrés Villalobos.
  • Otros: abogado Luis Salazar -redactor del decreto junto a Fernández, renunció a su cargo- y Felly Salas, jefa del despacho presidencial.

Las diligencias duraron más de 24 horas y no será hasta que acabe todo el proceso que la Fiscal General, Emilia Navas, brinde declaraciones al respecto.

Además, esta semana la Asamblea Legislativa será el escenario de la polémica pues el lunes a primera hora comenzará la interpelación al ministro Morales por la UPAD y a partir del miércoles sesionará la comisión investigadora especial.

La UPAD como tal, tuvo una vigencia de cuatro días pero la polémica por sus poderes va ya por su segunda semana sin indicios de que vaya a terminar.

El equipo de la Fiscalía y el OIJ llegó a Casa Presidencial para allanar los despachos de Carlos Alvarado y Víctor Morales, así como las oficinas de los funcionarios del equipo de datos (Cortesía)