Hermes Solano
El Gobierno de Carlos Alvarado tendrá dos manchas difíciles de olvidar en la historia de Costa Rica. La Casa Presidencial tuvo dos allanamientos en cuestión de un año y 4 meses.
Ambos han sido por distintas investigaciones, pero adquieren tintes históricos.
Este lunes, el Organismo de Investigación Judicial y el Ministerio Público llegaron a Zapote en busca de información sobre una supuesta red de corrupción en materia de obra pública.
Se habla de ¢78.000 millones que se malversaron entre el 2018, 2019 y primer trimestre del 2020, según informó el OIJ.
Según explicó Wálter Espinoza, director de la policía judicial, se malversaron fondos que se dirigían a alimentar “de manera irregular proyectos de obra pública tomando dinero de otras partidas”.
Uno de los investigados en el caso es el asesor del mandatario Carlos Alvarado, Camilo Saldarriaga, quien eso sí, no está dentro de los detenidos.
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En total hubo 57 allanamientos. Además de Casa Presidencial se allanó el Conavi, el MOPT y las empresas involucradas, así como las casas de habitación de los sospechosos.
Hay hasta ahora 29 detenidos.
“Estamos investigando delitos de cohecho, peculado, pagos irregulares de contratos administrativos, tráfico de influencias, malversación de fondos, estafa y falsedad ideológica”, dijo el director del OIJ.
“Todo dentro de la construcción de la obra pública y mantenimiento y construcción de la red vial”, añadió.
Foto: Tomás Gómez
La UPAD
En febrero de 2020 estalló el escándalo por el decreto de creación de una dependencia que habilitaba al Gobierno a acceder a información confidencial. Se trataba de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD).
El Gobierno corrió a derogar la norma, pero fueron develándose diversas actuaciones del personal a cargo.
El 28 de febrero la Fiscalía allanó Zapote.
Dado que entre los investigados estaba el presidente Carlos Alvarado, las diligencias estuvieron a cargo directamente de la Fiscal Emilia Navas y los magistrados de la Sala III.
En ese momento se realizaron 10 allanamientos, incluido el Ministerio de Planificación.
El artículo 7 del documento de la Unidad de Datos incluye el acceso a “información de carácter confidencial con la que cuenten las instituciones públicas cuando así se requiera…”.
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Dentro del expediente son investigadas ocho personas de apellidos Alvarado Quesada, Morales Mora, Soto Castro, Madrigal Rivas, Villalobos Villalobos, Fernández Montero, Salazar Muñoz y Salas Hernández.
Se trata del Presidente y de quien era su ministro de la Presidencia Víctor Morales, así como el viceministro de Planificación Daniel Soto, quien firmó el decreto por estar en ese momento como ministro interino.
Las otras personas fueron contratadas como analistas que trabajaban desde el Ministerio de la Presidencia para crear la Unidad de Datos.
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Apelaciones rechazadas
El mandatario costarricense presentó una apelación debido a que sus abogados consideraban que había errores en el procedimiento de revisión de pruebas.
Sin embargo, no tuvieron éxito, según la resolución de la Sala III en abril anterior.
Luego de que declarara inadmisibles las apelaciones de la defensa del presidente por la revisión de pruebas del caso UPAD, la Fiscalía tomará la iniciativa en el caso.
“La Fiscalía está a la espera de la devolución del expediente, por parte de esa Sala, para continuar con la investigación”, señaló la institución en aquel momento.
El proceso se había visto enturbiado por las alegaciones de la defensa presidencial sobre supuestos errores en el procedimiento; donde se revisaron evidencias decomisadas durante el histórico allanamiento a Zapote.
Con el segundo allanamiento, la Casa Presidencial vuelve a ser centro de una investigación que podría generar muchos cuestionamientos en la próximas semanas.
