Paula Ruiz
Estar más de 40 minutos perdida, incluso en el cuarto de máquinas y no saber a qué pisos la lleva cada ascensor por la falta de señalización.
Estass son parte de las situaciones que ha pasado la diputada independiente, Marulin Azofeifa, desde el 19 de octubre anterior en la nueva sede del Congreso.
Su malestar lo externó este miércoles en la Comisión de Discapacidad y Adulto Mayor, donde se discutieron problemas de accesibilidad al inmueble.
“Yo sí he estado muy perdida y solicito que nos digan donde nos llevan los ascensores y no dicen nada”, reclamó Azofeifa.
“Yo no sé ni donde quedan los pisos y yo me siento perdida, imagínese el de discapacidad”, agregó.
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En la audiencia estuvo Antonio Ayales, director ejecutivo de la Asamblea Legislativa, quien señaló que la etapa de reacomodo puede extenderse por un período de hasta tres meses.
Pese a ello, la legisladora pidió “aunque sea papelitos y flechitas” para la ubicación en el edificio.
“Es una etapa de transición pero, que nos digan cómo llegar a los parqueos porque me he salido hasta 6 veces de ascensores para llegar y puertas no nos dicen para donde van”, agregó Azofeifa.
Problemas constantes
Tan solo dos días después de inaugurado el edificio legislativo, se presentó un problema con los ascensores que impidió el desarrollo de la sesión de Plenario.
Varios legisladores reclamaron que su retraso para llegar a tiempo al Plenario, se debió a la larga espera en estos sistemas de traslado.
Otra objeción fue presentada por un grupo de periodistas quienes enviaron un manifiesto a autoridades del Congreso para externar las limitaciones en su ejercicio.
Los comunicadores pidieron acceso libre e irrestricto a todos los pisos del nuevo edificio para el ejercicio de su profesión.
En el recién desocupado edifico legislativo, la Barra de Prensa y el Plenario estaban en el mismo piso, divididos solamente por ventanales y puertas.
Sin embargo, hasta este miércoles persistían los problemas para acceder al “pacto de Ochomogo” ubicado contiguo al Plenario.
El nuevo inmueble tiene un costo de ¢82.500 millones e implica un pago mensual de ¢1.000 millones durante 14 años.
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