Aunque ya no hay alternativa legal ni puerta para seguir manteniendo la causa penal contra Óscar Arias, por el caso Crucitas, la Fiscalía General de la República insiste en que el proceso aún no se ha agotado.
Esta tarde, el Tribunal Penal de Hacienda y la Función Pública dejó en firme el sobreseimiento de dos delitos, atribuidos al expresidente. De esta forma, y por tercera vez, el órgano jurisdiccional llegó a la misma conclusión que había determinado en dos ocaciones anteriores, a lo largo del presente año.
La resolución se da luego de que la Fiscalía General apeló, el pasado 4 de octubre, la medida que el Juzgado Penal había dictaminado tan sólo 24 horas antes
En entrevista con El Observador este martes, la fiscala General, Emilia Navas aseguró que en el caso se da una cuestión de percepción, pues no se ha entrado a conocer el fondo de la acusación y si efectivamente Árias Sánchez cometió delitos, cuando avaló el fallido proyecto minero de Crucitas, en Cutris de San Carlos.
“Aquí solo ha existido hasta este momento una discusión jurídica a nivel procesal. Eso significa que se ha venido discutiendo si el caso estaba prescrito o no. Nuestra posición es que no está prescrito. Sigue siendo la posición de nosotros”, afirmó la cabeza del Ministerio Público.
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Navas mencionó que el juez del Tribunal Penal de Hacienda y la Función Pública simplemente opinó de forma contraria. Pero la jerarca destacó dos hechos de la resolución:
- el juez confirmó que hay criterios encontrados con respecto a si el caso prescribió
- y que no se dio ninguna persecución en contra de Óscar Arias
“Esto no se trata de una persecución personal en contra del imputado. Es un asunto, una discusión a nivel jurídico. No hay nada que evidencie una persecución por parte de la Fiscala General en contra del señor Arias Sánchez”, mencionó la funcionaria.
Las supuestas faltas que se le atribuyen al dos veces mandatario Óscar Arias (1986-1990 y 2006-2010) están relacionadas a dos momentos de su segunda administración:
- cuando firmó una resolución para «convalidar y subsanar» la concesión minera a la empresa canadiense Industrias Infinito. Esto a pesar de que ese permiso lo derogó la Sala Constitucional
- y que el proyecto no tenía un nuevo estudio de impacto ambiental. Cuando declaró el proyecto de conveniencia nacional, por medio del decreto número 34.801, del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae). Lo anterior sin que, en apariencia, existiera un análisis de costo-beneficio que la deforestación de 193 hectáreas de bosque generaría mayores beneficios sociales que impactos socio-ambientales.
Arias reiteradamente rechazó los señalamientos.
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