El condominio donde el vive el presidente Carlos Alvarado, en Santa Ana, volvió a ser centro de protestas este domingo, cuando decenas llegaron a mostrar su malestar por nuevos impuestos.
En el lugar ya se han manifestado otros grupos como los comerciantes a los que las medidas de cierre habían afectado y ahora fue el turno de quienes se oponen a la hoja de ruta marcada por el Gobierno para negociar con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
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Por medio de redes sociales los grupos Bloque Patriótico Pacifista y el Movimiento Despierta Costa Rica convocaron al evento que comenzó con una caravana cerca de La Sabana.
Los vehículos se desplazaron hacia el oeste, llegando a Santa Ana cerca del medio y realizando una concentración en medio de la calle.
Según la invitación, el evento no era afín a ningún partido político y se esperaba que los asistentes llevaran camisas rojas.
Más oposición al plan
La protesta de este domingo se suma a la de varios sectores políticos que ya adelantaron su oposición a las aspiraciones del Gobierno.
Según explicó el Ministro de Hacienda, Elian Villegas, el paquete incluiría:
- Ajustes en impuesto de renta a salarios que superan los ¢840.000, a partir de ahí el impuesto arrancará en 12,5%, subiendo de forma escalanada hasta el 35% para quienes ganan más de ¢4,3 millones
- Aumento del 0,50% en el impuesto sobre bienes inmuebles
- Impuesto de 0,3% a las transacciones bancarias por próximos 2 años y después 0,2% por otros dos años
- Impuesto de renta para grandes cooperativas, Caja de Ande y Salario Escolar.
- Sobretasa de entre 5 y 10% a las corporaciones que están al 30%
- Renta global a partir del 2023
- Devolución del IVA en canasta básica a los sectores bajo línea de pobreza
La propuesta generó oposición en los sectores productivos que pidieron no aumentar las cargas y reducir el gasto estatal.
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Además, la mayoría de fracciones legislativas, incluyendo a Liberación Nacional y Restauración -aliadas del Gobierno-, anunciaron su rechazo, lo que dejó al plan sin viabilidad legislativa, uno de los requisitos fundamentales.
A las críticas se sumó el sábado por la noche la Defensora de los Habitantes, Catalina Crespo, quien exigió una propuesta que contemplara más los derechos humanos.