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Vigilancia con tobilleras ha costado $24,1 millones

En medio de constantes polémicas por el sistema de monitoreo, el programa de tobilleras electrónicas ya superó el costo de…

Por Tomás Gómez

Tiempo de Lectura: 4 minutos
Vigilancia con tobilleras ha costado $24,1 millones
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En medio de constantes polémicas por el sistema de monitoreo, el programa de tobilleras electrónicas ya superó el costo de $24 millones.

“Desde la implementación del programa de Monitoreo Electrónico, se han pagado a la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH) $24,1 millones hasta setiembre pasado”, confirmó el Ministerio de Justicia.

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Firmar con la ESPH facilitó los trámites burocráticos por ser ambos entes públicos pero el proveedor ha tenido que subcontratar servicios con firmas privadas de más experiencia en la materia.

A la Empresa se le consultaron detalles específicos del monto y los pagos a terceros pero se limitó a referir al expediente en la plataforma Mer-Link alegando que son datos de acceso público.

Como ha informado El Observador, el proceso de contratación de las tobilleras tiene abierta una investigación en la Fiscalía, que avanzó su proceso al cierre del 202o.

Tras meses de espera, el monitoreo mediante tobilleras electrónicas se puso en práctica en febrero del 2017, con procedimientos que ahora investiga la Fiscalía (Cortesía)

Tobilleras al Ministerio Público

A mediados del 2018 dos denuncias relacionadas a las tobilleras llegaron a la Fiscalía.

La primera pedía investigar contrataciones públicas y señalaba varios negocios de la ESPH en temas como monitoreo y parquímetros. La segunda se enfocaba en supuestas influencias para que Justicia se decantara por contratar con la ESPH.

Fiscalía abrió la investigación contra “ignorado” bajo el expediente 18-000094-1218-PE pero ya convocó como imputados a:

  • Celso Gamboa: exministro de Seguridad y exmagistrado
  • Victor Hugo Víquez: exdiputado por Heredia (2010-2014)
  • Allan Benavides: gerente de la Empresa de Servicios Públicos de Heredia
  • Juan David Rothe: empresario
  • Gerard Schalk van Andel: empresario

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El caso está asignado a la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción y se ha engrosado con investigaciones del OIJ donde se profundizó la gestión de representantes de la ESPH en diferentes procesos para eventuales contrataciones públicas.

Se investiga el supuesto delito señalado es tráfico de influencias, que se configura cuando se actúa sobre un funcionario público para que haga, retarde u omita nombramientos, adjudicaciones o contratos propios de su cargo, generando así beneficios a terceros.

Según la Ley Contra la Corrupción, el delito tiene una pena de prisión de 2 a 5 años.

El OIJ investigó mensajes de WhatsApp entre personajes de alto nivel como el exdiputado Víctor Hugo Víquez y el exmagistrado Celso Gamboa donde se acordaban reuniones con varios entes del Gobierno para presentar el tema de las tobilleras (Archivo)

Cuatro años de polémicas y conflictos

El uso del monitoreo electrónico se comenzó a gestar durante el Gobierno de Luis Guillermo Solís.

En el 2015, bajo la tutela de Cristina Ramírez como Ministra de Justicia, se lanzó un primer concurso en alianza con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Al año siguiente, y ya con Cecilia Sánchez -madre del exmagistrado Celso Gamboa- como ministra, se decidió ejecutar el plan con recursos del presupuesto nacional.

Para la contratación se presentaron dos entes públicos: Radiográfica Costarricense (Racsa) y la ESPH. Esta última resultó ganadora pero tenía que subcontratar parte del servicio.

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Desde ese momento comenzaron los cuestionamientos políticos al plan y el entonces diputado Mario Redondo pidió una investigación de la Contraloría. Entre otras, señaló el procedimiento y los elementos ofrecidos por el proveedor subcontratado.

Arrancada la vigilancia electrónica llegaron nuevos conflictos entre el Ministerio de Justicia y la ESPH.

La Empresa denunció en setiembre del 2019 que en el lapso de un año habían enviado al menos 8 oficios a la exministra Marcia González alertando sobre falencias en el monitoreo de personas por parte de Justicia.

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El gerente del ente, Allan Benavides, denunció que 430 tobilleras estaban descargadas y 166 tenían problemas de cobertura.

Justicia, por su parte, alegó que se trataba de interrupciones temporales de la comunicación. La exministra González llegó a culpar a los jueces, a quienes señaló un lento actuar cuando se les denunciaban incumplimientos al beneficio de la tobillera.

 

El Ministerio de la Presidencia debio mediar en octubre del 2019 para que la ESPH y el Ministerio de Justicia acordaran un mejor trabajo respecto a las tobilleras electrónicas (MJP)