Paula Ruiz
La votación prevista para este martes sobre el referéndum, frenó una reunión acordada entre personal de los tres poderes de la República, donde se pretendían lograr acuerdos en proyectos de ley sobre seguridad.
El encuentro estaba previsto para este martes 25 de junio a partir de las 10 a.m., según informó Rodrigo Arias, presidente de la Asamblea Legislativa a los jefes de fracción. Esto, previo a su internamiento en un centro médico.
Se tenía prevista la participación de Orlando Aguirre, presidente del Poder Judicial; Patricia Solano, presidenta de la Sala Tercera; Carlo Díaz, fiscal general; Randall Zúñiga, director del OIJ; Fernando Ramírez, director del ICD, además de Laura Fernández, ministra de la Presidencia, miembros de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico del Congreso y jefaturas de fracción.
“No es un secreto que no hemos podido avanzar con la rapidez que quisiéramos, estos 10 proyectos de ley se establecieron desde una reunión celebrada en la Corte a principios de enero de este año y por diferentes razones hemos avanzado, se han aprobado algunas de ellas, hay otras que están en agenda, otras que no se han convocado, pero me parece que el objetivo es ver si podemos ponernos de acuerdo en temas álgidos, el de prisión preventiva y el de capitales emergentes donde yo creo que hay que buscarle una solución para ver si podemos caminar más rápido y darle una solución a estos proyectos”, dijo Arias el jueves.
El interés era darle prioridad a aquellas iniciativas solicitadas por la Fiscalía, el OIJ y el Ministerio de Seguridad con tal de colaborar con la ola de violencia que enfrenta Costa Rica.
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Ya no va
Sin embargo, la votación de la solicitud de referéndum cambió esos planes.
Rosalía Brown, vicepresidenta de la Asamblea quien asumió las funciones en sustitución de Arias (quien se encuentra incapacitado), informó la cancelación de la cita.
“Acaban de suspender la reunión hasta nuevo aviso”, informó mediante su equipo de prensa.
Se tiene previsto que el martes en la mañana, las fracciones mantengan reuniones entre sí para tomar una decisión sobre esta consulta popular.
Cabe recordar que inicialmente, los diputados acordaron el 25 de junio como fecha para decidir si se solicita al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) la convocatoria a referéndum para someter a votación el proyecto 23.465 denominado “Ley Jaguar”.
Esa fecha había quedado suspendida porque 22 legisladores enviaron una consulta a la Sala Constitucional pues sospechan que puede tener roces de constitucionalidad.
Todo cambió el viernes cuando el ente constitucional rechazó la admisibilidad de la consulta. Para Brown y su equipo, no es necesario esperar que la Sala remita al Congreso la resolución completa, para continuar con el proceso.
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