Zonas Francas preocupadas por acción de inconstitucionalidad del Alcalde de Alajuela

Las zonas francas no ocultaron su preocupación por una acción de inconstitucionalidad presentada por el alcalde de Alajuela, Humberto Soto, el pasado 16 de marzo.

El edil alega que la publicación de la ley 9851, en julio del 2020, es “contraria al derecho de la Constitución”. Así se desprende del documento del cual El Observador tiene una copia.

Con la publicación de dicha ley, la Asamblea Legislativa buscó despejar una duda en torno al impuesto sobre bienes inmuebles para las empresas ubicadas en Zonas Francas. También sobre la exención de este tributo por parte de los gobiernos locales.

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Por su parte, Carlos Wong, presidente de la Asociación de Zonas Francas (Azofras), lamentó el camino tomado por el municipio alajuelense.

Wong explicó que el aire de incertidumbre que genera puede atentar contra la llegada de inversión en el corto plazo. De momento, dijo que el sector solo espera la resolución de la Sala Constitucional.

Lo que dice la legislación

Dicha legislación (“Interpretación auténtica del inciso d del artículo 20 de la ley N° 7210, Ley de Régimen de Zonas Francas”) le permite a las empresas ubicadas en zonas francas estar exentas del impuesto sobre bienes inmuebles.

No obstante, para el alcalde alajuelense la decisión de los diputados de “interpretar auténticamente” de esa forma la legislación vigente desde 1990 no puede “desconocer, afectar y modificar situaciones jurídicas totalmente consolidadas”.

“En el presente caso, como ha sido acusado, si bien puede visualizarse una apariencia de cumplimiento de los parámetros formales, en el fondo hay violación al debido proceso sustancial. Por cuanto el contenido de la Ley impugnada incumple la razonabilidad sustancia de la Constitución como norma suprema”, adujó Soto.

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A pesar de dicha acción, el jerarca subrayó que interpuso el recurso para esclarecer la situación de los fondos ya recibidos por su municipio.

“Fue presentada fundamentalmente por la lamentable omisión de la Asamblea Legislativa de dimensionar los efectos de dicha ley 9851.

“(Esto) respecto a la situación jurídica consolidada de los ingresos tributarios por el impuesto de bienes inmuebles ya percibidos y aplicados de buena fe en obras y proyectos comunales durante años por este gobierno local”, informó por medio de su departamento de prensa.

Precisamente, la Ley 9851 obliga a todos los gobiernos locales a reconocer este beneficio fiscal. Al mismo tiempo  habilita a las empresas que tuvieron que pagar dicho tributo a interponer los procesos de devolución del mismo.

Incertidumbre

El presidente de Azofras no ocultó la preocupación de que se lleven a cabo este tipo de acciones. Wong dijo que atentan contra la seguridad jurídica de empresas que realizan importantes inversiones en el país.

“Estamos ante una condición que genera incertidumbre. Las empresas habían tomado de muy buen modo que se aclarara una duda que se tenía sobre el impuesto y que tenía ya varios años.

“Lo que sucede ahora es que esta acción de la Municipalidad de Alajuela provoca incertidumbre a proyectos de inversión que se quieran hacer. Deben existir reglas claras para atraer la inversión”, añadió Wong.

El portavoz señaló que, recientemente, países como Panamá, México y Colombia más bien se han movido en ofrecer mayores beneficios, por lo que un ambiente de duda puede afectar el desarrollo de expansiones en nuestro país.

Si bien las Zonas Francas del país solo cobijan aproximadamente al 0,5% de las empresas del país, estas representan más de la mitad de las exportaciones. Así lo demostró un estudio del 2019 realizado por la Promotora de Comercio de Costa Rica (Procomer).

De hecho, la contracción de la economía nacional, a causa de la pandemia, fue menor gracias al impacto de la producción del Régimen Especial.