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4 personas ingresan por día a plan de protección judicial por amenazas de prestamistas “gota a gota”

De 1.820 casos de amenazas que sumó el Programa de Protección a la Víctima del Delito el año anterior, el…

Por Tomás Gómez

Tiempo de Lectura: 3 minutos
4 personas ingresan por día a plan de protección judicial por amenazas de prestamistas “gota a gota”
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De 1.820 casos de amenazas que sumó el Programa de Protección a la Víctima del Delito el año anterior, el 90% se relacionó con casos de préstamos “gota a gota”. Esto representa a 1.638 personas, que no siempre llegan a tiempo a pedir la atención disponible.

Esta oficina del Ministerio Público brinda diversos sistemas de acompañamiento a las personas afectadas por un ilícito.

Para el caso de los préstamos irregulares se está dando una combinación, no solo del tema económico, sino de la violencia que acompaña su estructura.

“La mayoría de las fuentes que financian los préstamos gota a gota son ilícitas y es fácil establecerlo porque es una forma práctica, fácil y sencilla del legitimar capital”, explica el Fiscal Adjunto, José Ángel Peñaranda.

“Cuando usted tiene mucho dinero acumulado ocupa moverlo y no hay mejor forma de moverlo que ponerlo en la calle de manera fácil y accesible al público”, amplía.

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Esa intermediación ha mostrado una constante relación con otras figuras penales que también demanda las garantías.

“El tema del narcotráfico que es lo que más está vinculado a este tipo de capital ya tiene instaurado una infraestructura de cobro a través de agresiones, de ostentación de armas ilícitas, de personas encargadas al sicariato”, suma Peñaranda.

Tarde y tocando más personas

El tema del “gota a gota” termina abarcando no solo al deudor sino al entorno que lo rodea. Allegados y familiares también terminan siendo afectados, por lo que tienen posibilidad de pedir la asistencia judicial.

Un problema surge, eso sí, por la resistencia inicial de las personas a pedir el auxilio, lo que puede implicar desafíos en la ayuda.

“La mayoría de personas ingresan a la oficina cuando ya, evidentemente no logran pagar. Esto crea una complicación al manejo de la estrategia de protección porque tenemos que valorar que si el crédito no se ha establecido en ilegal la personas tiene que seguir haciendo frente a su deuda”, menciona Peñaranda.

El reto de paso es que cuando se identifican las denuncias, los grupos de cobro suelen ponerse detrás de otros familiares. Ello ha representado un reto para fortalecer la estrategia de protección que se amplíe a los núcleos familiares. 

El tema de los “gota a gota” ha combinado la violencia de estos con la exclusión financiera que trajo la llamada “Ley de Usura” (Archivo)

Todo el país con “gota a gota”

Para ubicar las amenazas de los préstamos paralelos hay que tener un mapa completo del país. Si bien hay zonas calientes, ninguna provincia se salva de la amenaza, con sus debidas adaptaciones.

Por ejemplo en la Gran Área Metropolitana se da una amplia concentración a nivel de barrios, sobre todo vinculada a otras figuras de crimen organizado.

“En San José se genera mucho cobros relacionados con personajes que tienen vínculos con estructuras ya investigadas y a veces, hasta en fase de juicio de narcoestructuras a mediana escala, que manejan sus dineros mediante los préstamos gota a gota”, sostiene el Fiscal.

¿Qué ayuda se da?

“Ningún país del mundo tiene la capacidad económica para tener un guarda las 24 horas junto a la persona y por un tiempo insostenible. Acá es esencial que la persona quiera y tenga la convicción, al menos al inicio, para nosotros poder ayudarle”, dice Peñaranda.

Con ello, surge el programa de asistencia a las víctimas, que se da en dos niveles:

  1. Protección: se acompaña a la víctima para participar en el proceso penal minimizando los riesgos y dando ambiente de convivencia social y no verse vulnerada en su vida.
  2. Atención: no da resguardo total pero procura que la persona participe en el proceso penal con apoyo en otras áreas.

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En general, cada caso es atendido por un psicólogo, un trabajador social, un abogado y un criminologo.

“Estos van a hacer su análisis desde cada una de sus disciplinas para ponderar los riesgos de las personas sometidas en dicho programa”, acota el Fiscal.

El ingreso se da mediante las 23 sedes de la Oficina en todo el país. Como contacto están los teléfonos 2234-5191 y 2234-5761.

 

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