Hermes Solano
El Poder Ejecutivo convocó para las sesiones extraordinarias el expediente 23.701, que es la Reforma al artículo 32 de la Constitución Política para permitir la extradición de nacionales.
Este miércoles se le dio tercera lectura y se inició la discusión para darle admisibilidad al proyecto, que permitiría analizarlo en pro de buscar su aprobación.
La cantidad de diputados en el uso de la palabra impidió que se votara esa admisibilidad.
“Esta admisibilidad nos va a permitir entender mejor que han hecho otros países, como han cambiado su constitución y que ha cambiado desde que permitieron la extradición”, indicó Pilar Cisneros, proponente de la reforma.
¿Los legisladores están a favor o en contra de extraditar costarricenses?
“Estoy a favor de que se pueda extraditar a cualquier persona nacional o extranjera que cometa un delito de tráfico internacional de drogas, terrorismo o lavado de dinero”, señaló Joaquín Hernández, diputado del PLN.
“Es notorio que hay personas dedicadas a la narcoactividad en Costa Rica por todo lo que está pasando. Debemos tomar medidas extraordinarias y drásticas para combatir estos ilícitos que le generan muchos problemas al país”, añadió el legislador.
Cisneros es clara en que es importante dar este paso en pro de la seguridad de la población, en un momento en el que el crimen organizado tiene tomadas las siete provincias, lo que se refleja en el número de homicidios.
“Los costarricenses, que se meten a jugar en esas grandes ligas, no merecen tener la protección del Estado, sino que tienen que dar cuentas de su actividad ilegal, violenta y peligrosa, que trae consecuencias”, indicó.
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Joaquín Hernández está a favor del proyecto.
Discutirlo, pero…
Al igual que Joaquín Hernández, la fracción de Nueva República señaló estar a favor de la reforma. Así lo enfatizó el diputado David Segura, quien indicó ante el Plenario que los criminales deben pagar por sus crímenes.
Sin embargo, hay otras bancadas y diputaciones que, aunque apoyan darle admisibilidad al proyecto para discutirlo, tienen reservas alrededor del fondo de la propuesta.
Entre esas fracciones está el PUSC, el Liberal Progresista y también mostró sus dudas la independiente Gloria Navas.
“Es importante hacer el estudio para ver si conviene o no variar la Constitución e integrar una comisión con gente que se ha ofrecido de la Embajada de Estados Unidos y tratar el tema”, indicó Navas.
Desde la fracción socialcristiana, la jefa María Marta Carballo dice que el apoyo o no a la reforma es algo que tienen que valorar.
“Considero que para que continúe la discusión debemos apoyar la admisibilidad y que una comisión reciba a expertos que den sus observaciones y recomendaciones sobre la propuesta”, indicó, añadiendo que se debe “asegurar su constitucionalidad”.
Uno en 10 años
Desde el PLP, el jefe de bancada, Luis Diego Vargas, externó preocupaciones por el fondo de la reforma, principalmente en materia de derechos humanos.
Apoyarán la admisibilidad para que se discuta, pero analizarán bien los alcances de permitir extraditar a un costarricense.
“Estamos de acuerdo en que se discuta la reforma constitucional; lo que sí nos preocupa es que hemos revisado que se violan derechos que están establecidos en la Convención Interamericana de Derechos Humanos”, indicó el legislador.
Añadió que además se busca reformar derechos fundamentales y eso no le corresponde a la Asamblea Legislativa.
Por su parte, Gilberto Campos indicó que según información de la fiscalía, en los últimos 10 años solo se ha hecho un pedido de extradición desde el extranjero.
Esta reforma va de la mano con el proyecto de ley que presentaron Rodrigo Arias y Danny Vargas que busca quitarle la nacionalidad costarricenses a los extranjeros naturalizados vinculados al crimen organizado para que puedan ser extraditados.
