Tomás Gómez
“Dentro de las personas jurídicas que también se están acusando se encuentra la Constructora Meco, la Constructora Hernán Solís y también la empresa denominanda Trac Pesados”.
Con esas palabras la Fiscal Anticorrupcion. Johanna Rodríguez, confirmó que las primeras acusaciones del Caso Cochinilla anunciadas este lunes también abarcan a personas jurídicas.
Esto se da gracias a una de las leyes aprobadas en el proceso de incorporación a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Como parte de sus programas de transparencia, el ente promueve darle responsabilidad a las empresas.
Con el estallido del Caso Cochinilla en 2021 se empezó a poner a prueba la normativa y ahora se incluye a los tres entes en la solicitud de apertura a juicio.
Junto a estos entes este lunes fueron acusadas 12 personas físicas. De ellas algunas provienen del sector privado.
- Cerdas Araya (dueño de MECO)
- Bolaños Salazar
- González Carballo
- Arce Alpízar
- Solís Vargas (dueña de constructora H. Solís)
- Naranjo Vargas
- Abarca Quesada
- Godínez Abarca
A ellos se suman funcionarios y exfuncionarios del Conavi, identificados como:
- Solís Murillo
- Carmona Rivas
- Meléndez Cerdas
- Zúñiga Fallas.
“Estas acusaciones se relacionan con actos de corrupción en los que han mediado algunas dádivas entregadas a funcionarios públicos por parte de los particulares involucrados”, explicó Rodríguez.
“Esto para que realizaran actos contrarios a sus deberes, generando beneficios indebidos para estas empresas tanto en temas presupuestarios como también en el pago agilizado de facturas”, amplió.
¿Cómo es la ley penal para empresas?
La “Ley Responsabilidad de las personas jurídicas sobre cohechos domésticos, soborno transnacional y otros delitos” rige bajo el número 9699.
Está pensada para delitos como cohecho propio, impropio, corrupción agravada y aceptación de dádivas.
Por un lado, marca las líneas para las empresas autoregulen las actividades y aseguren el cumplimiento de estándares éticos.
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Por el otro, fija las sanciones posibles en caso de violentar la ley. Entre otros castigos, destacan:
- Multa de 1.000 a 10.000 salarios base en caso de hallarse reponsabilidad.
- En caso de contratación administrativa la multa será la anterior o el 10% del monto adjudicado -se aplicará el más alto-. Además se dictará inhabilitación por 10 años.
- De 3 a 10 años sin ayudas estatales. Tampoco podrían aplicar a moratorias o subsidios tributarios y ante la CCSS.
- Cancelación de los permisos de funcionamiento y las obras que llevaron al supuesto acto irregular. Esta puede evitarse si el daño social por la cancelación es mayor.
- Eliminación de las personerías jurídicas cuando estas fueron creadas para la comisión del delito.
Cabe destacar, además, que las inhabilitaciones de la ley podrían extenderse a las otras personerías, matrices y subordinadas que dependan de la persona jurídica cuestionada.
Una primera parte de Cochinilla mientras 67 siguen bajo la lupa
Fue la mañana del 14 de junio del 2021 cuando el país vivió una megajornada de allanamientos. Estos iban desde Casa Presidencial hasta empresas privadas, pasando por varios entes públicos.
Se ventiló en ese momento el expediente 19-000025-1218-PE, que analiza la manera en que se habrían movido varias contrataciones de obras públicas.
En esa causa principal hay 67 personas bajo la lupa y la investigación continúa. No obstante, se determinó que lo que se han revisado de los 12 imputados y las empresas acusadas este lunes bastaba para generar dos causas por si mismas, que se lanzaron bajo el número 24-000130-1218-PE, amparadas bajo dos supuestos hechos.
“El primero de ellos se relaciona con la empresa constructora MECO y con CONAVI. Pues, según se acusó, los funcionarios públicos ejecutaron actos contrarios a sus deberes a cambio de dádivas ofrecidas y entregadas por los particulares de la empresa privada”, afirma el Ministerio Público.
“Lo anterior, con el fin de generar beneficios directos e indebidos en favor de la constructora para el pago ágil de facturas millonarias; correspondientes a trabajos realizados por la compañía”, ampliaron.
La segunda parte se enfoca en H Solís.
“Presuntamente, esta última entregó dádivas a los empleados públicos para generarse beneficios directos e indebidos, es decir, para que realizaran actos contrarios a sus deberes dirigidos a adecuar el presupuesto del CONAVI a satisfacción de los intereses particulares de la empresa constructoras”, reza la comunicación de Fiscalía.
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La Fiscal Rodríguez detalló además algunas trabas que han llevado la investigación.
“Dentro de la investigación se han presentado algunos atrasos. Entre ellos han sido la apertura telefónica y además algunas apelaciones que se encuentran pendientes aún de resolver en el Tribunal Penal de Hacienda”, contó.
De momento se espera saber si la Procuraduría General de la República (PGR) y al Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI) informen si quieren sumarse como reclamantes económicos al proceso.
De ahí, se pasará al Tribunal Penal de Hacienda para pedir una eventual apertura de juicio.
