La Comisión de Ambiente dictaminó un proyecto de ley que busca imponer una pena de entre cinco y 15 años de prisión a quien se apodere de forma ilegítima de combustibles derivados del petróleo.
El diputado oficialista Víctor Morales presentó la iniciativa, que fue mejorada por el verdiblanco Gustavo Viales. El liberacionista defendió que hasta la fecha existían vacíos jurídicos en el texto, entre ellos sobre cuál institución debía hacerse cargo del combustible decomisado.
En el artículo 16 se indica que los combustibles decomisados por el Ministerio Público como resultado de la pretendida Ley, serán entregados a la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope).
Viales se mostró satisfecho por las mejoras. Ahora apunta a un apoyo en el Plenario.
Otras sanciones que establece el texto dictaminado son:
- daño: de seis meses a cuatro años de prisión a quien dañe el Sistema Nacional de Combustibles
- derrame: de cuatro años a seis años de prisión si, por el daño provocado se produce un derrame de combustibles derivados del petróleo
- transporte: de uno a cuatro años de prisión por transporte y/o distribución ilegal de combustibles derivados del petróleo, hidrocarburos o mezclas de hidrocarburos, sin autorización de Recope
- introducción ilegal: de tres a cinco años de prisión a quien introduzca al país por cualquier vía, combustibles sin permiso
- marcadores: de uno a tres años a quien se apodere, altere o manipule el marcador de hidrocarburos, de forma ilegal
- instrumentos: de tres a ocho años por apoderarse ilegalmente de los sistemas e instrumentos de control de los combustibles derivados del petróleo
- receptación: de uno a cinco años por recibir, almacenar y ocultar – con conocimiento previo – combustibles derivados del petróleo, hidrocarburos o mezclas de hidrocarburos
- favorecimiento ilegal: de dos a cinco años de prisión a quien, conociendo el origen ilícito, destine, autorice, tolere, facilite, bienes muebles o inmuebles para la sustracción, apoderamiento, adquisición, almacenamiento, transporte, conservación, tenencia, venta, ofrecimiento, suministro o comercialización a cualquier título, de combustibles
- disposición ilegal: de tres a cinco años a quien compre, venda, distribuya o comercialice combustibles que fueron adquiridos de un producto exonerado para uso del sector pesquero no deportivo
- funcionarios públicos: se exponen a una inhabilitación de entre uno a cinco años para el ejercicio de funciones públicas
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Más recursos
El proyecto también establece que todo el combustible decomisado por el Ministerio Público, será trasladado a Recope.
Durante la discusión del proyecto, el director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Wálter Espinoza, criticó que en la reforma a la ley, también deberían crearse herramientas de investigación. El jerarca enfatizó en que se requiere un proceso judicial largo para poder intervenir las comunicaciones de los sospechosos y para perseguir el robo de combustibles con procesos como entregas programadas.
En diciembre anterior, Espinoza apuntó a que hay toda una estructura detrás del robo de combustible.
“Me parecería conveniente revisar la ley que nos permite acceso a intervención de comunicaciones para facilitar al Ministerio ingresar al ámbito más intimo de las estructuras criminales y dar golpes más efectivos y eficientes”, dijo en ese momento.
Pese a ello, Paola Vega, presidenta de la Comisión, indicó que con la iniciativa se garantizan herramientas al Poder Judicial para avanzar en penalizar el robo y trasiego de combustibles.
“Es una amenaza para el país tanto en materia de narcotráfico y crimen organizado como en amenaza ante salud pública y medio ambiente. Actualmente había un vacío jurídico que no permitía actuar de manera adecuada y hoy en trabajo conjunto con Poder Judicial, Recope y las fracciones políticas representadas en la Comisión, hemos consensuado un texto importante”, detalló.
Ahora la iniciativa pasa el Plenario donde deberá revisar mociones en dos períodos distintos. En ese lapso, diputados de todas las bancadas pueden presentar sus propuestas.