¿Cárcel por robar combustible? Poder Judicial alerta sobre fallas en proyecto que busca sancionar el «huachicoleo»

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Los 542 kilómetros de oleoducto que cruzan el país desde Limón hasta Puntarenas se han convertido en el medio ilegal de vida de muchas personas, quienes se dedican al ordeño de la tubería. 

Cada semana se descubren entre tres y cinco tomas ilegales, principalmente en los cantones de Matina, Siquirres, Turrialba, Limón y Alajuela.

La extracción del oleoducto – que en otros países de la región como México recibe el nombre de «huachicoleo» – representa un perjuicio económico, y una amenaza para la integridad de las personas y el ambiente. Las autoridades pretenden combatir el delito con más sanciones. 

Según cifras del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), las denuncias por esta actividad pasaron de 27 en el 2017 a 313 en el 2018. El ilícito generó un impacto de más de ¢7.000 millones al país.

En la Comisión de Ambiente de la Asamblea Legislativa se analiza el expediente 21.447 Ley sobre el apoderamiento de los hidrocarburos, sus derivados o mezclas de hidrocarburos.

Con 15 artículos, la iniciativa pretende castigar el daño al oleoducto y el aprovechamiento del líquido robado.

OBSERVE MÁS: Recope detectó una toma ilegal por cada día durante el primer semestre del 2019

Nuevos delitos y grandes sanciones

En setiembre anterior el derrame de combustible por una toma ilegal en la zona residencial de Moravia requirió la intervención de emergencia de diversas autoridades (Recope)

En junio anterior, el diputado oficialista – y ahora Ministro de la Presidencia – Víctor Morales presentó la iniciativa de ley, que busca declarar de interés el poliducto para castigar el aprovechamiento ilegal del recurso. 

«Por él se trasiega la mayor parte del combustible que se consume en todo el país, razón por la cual se considera un bien estratégico para la nación que debe ser declarado de interés público, ya que permite garantizar el servicio público del suministro de combustibles derivados de hidrocarburos que por ley le ha sido encomendado a Recope», plantea el proyecto

El texto crea nuevos delitos con las siguientes penas: 

  • daño al poliducto: de 8 a 15 años por dañar la infraestructura o instalar dispositivos de extracción
  • robo de hidrocarburos: de 8 a 15 años por apoderamiento del combustible
  • transporte y almacenamiento ilegal: de 3 a 6 años cuando el volumen supere los 500 litros sin justificación de su origen
  • mezcla ilegal: de 8 a 15 años por combinar productos sin cumplir disposiciones de ley.
  • apoderamiento de identificaciones e instrumentos de control: de 8 a 15 años por alterar registros de origen y regulación de hidrocarburos
  • receptación: entre 5 y 12 años quien no haya cometido los demás delitos pero adquiera, transporte, almacene o conserve el combustible robado y los instrumentos complementarios

OBSERVE MÁS: Sujetos robaron más de 25 mil litros de combustible, antes de ser detenidos

Criterios judiciales en alerta

En las consultas hechas por los diputados al Poder Judicial como parte del trámite del proyecto, la presidencia de la Corte, el Ministerio Público y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) no dejaron bien parado el texto. 

Pese a las observaciones, el director del OIJ, Walter Espinoza, no escatimó en detalles para advertir sobre las dimensiones que el negocio ilegal ha alcanzado, las cuales definió como «una actividad organizada».

El Director del OIJ acudió al Congreso y habló sobre la actividad alrededor del robo de combustibles.

Espinoza indicó que una reforma de ley debería también dar herramientas de investigación, pues en este momento se requiere un proceso judicial largo para poder intervenir las comunicaciones de los sospechosos y para perseguir el robo de combustibles con procesos como entregas programadas.

El presidente del Poder Judicial, Fernando Cruz, secundó la percepción sobre el nivel de complejidad que ha alcanzado el robo de combustible y el grado de sofisticación de quienes se dedican a la actividad.

«Muchas de las conductas podrían ser una participación en una actividad criminal y mucho de esto tiene que ver probablemente con crimen organizado: si yo tengo las instalaciones es porque parte de esa coautoría está en eso», dijo Cruz.

La fiscala General, Emilia Navas, hizo observaciones técnicas como la falta de definiciones claves para sancionar la actividad y la ausencia de disposiciones para el manejo del combustible que se decomise.

OBSERVE MÁS: Proyecto de ley busca elevar sanciones por tomas ilegales en poliducto de Recope

Cuestionamiento a penas

En conjunto, los representantes judiciales solicitaron revisar el nivel de las penas planteadas por el proyecto de ley. 

«Yo después de estar muchos años en lo penal tengo mucha desconfianza en los castigos. Eso no significa que para lo más grave no debe haber castigo. Pero la visión de un estado social debe ser muy diversa y plantearse qué bien jurídico estamos tutelando aquí», indicó Wálter Espinoza.

La Fiscala Navas explicó que las conductas deben sancionarse cada una por individual y no incluirlas en un solo combo como busca el texto actual.

«Yo no puedo sancionar igual a quien financia el robo de combustible como al que lo transporta, como al que lo tenga en una bodega. Tiene que haber una diferencia aunque pertenezcan las personas a un mismo grupo criminal o colaboren en diferentes maneras como complicidad o coautoría tiene que haber una diferencia entre cada uno de los tipos penales», concluyó la cabeza del Ministerio Público. 

En acuerdo con la presidenta de la Comisión de Ambiente, Paola Vega, se fijó un espacio de trabajo para que el personal judicial brinde asesoría a los diputados para afinar la propuesta.

Tomás Gómez
Estudiar Derecho me enseñó que lo que realmente cambia las cosas es el periodismo bien hecho. Si la política o las leyes parecen aburridas es porque nunca nos las han contado de la forma correcta.

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