Hermes Solano
Los diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron el jueves en primer debate el expediente 23.690 “Ley de Modernización de la Intervención de las Comunicaciones”.
Se aprobó con el voto unánime de los 43 diputados presentes en la sesión.
Este proyecto es parte de la lista de prioridades que generaron las mesas de trabajo de los tres poderes de la República.
Lo presentó el Poder Ejecutivo en abril del año anterior y hasta ahora avanzó en primer debate, luego de mucha discusión en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, así como en el mismo Plenario.
El objetivo de la propuesta es ampliar los delitos por los cuales las autoridades pueden pedir al juez la intervención de las comunicaciones.
Estas intervenciones se aprobarán para los siguientes delitos: extorsión, secuestro extorsivo, corrupción agravada, proxenetismo agravado, fabricación, producción o difusión de pornografía y delitos sexuales contra personas menores de edad.
También cuando se trate de investigaciones por trata de personas, tráfico ilícito de migrantes y tráfico de órganos; homicidio calificado, homicidio simple, femicidio, genocidio, terrorismo y los delitos previstos en la Ley N° 7786 Ley sobre Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas, Drogas de Uso No Autorizado, Actividades Conexas, Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo.
Otro de los que se incluyen son los delitos de corrupción contra los deberes de la función pública como: cohecho impropio, cohecho propio, corrupción agravada, aceptación de dádiva por acto cumplido, corrupción de jueces, penalidad del corruptor, concusión, prevaricato, peculado, malversación, peculado y malversación de fondos privados, entre otros.
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Plenario de la Asamblea Legislativa. Cortesía Asamblea Legislativa.
Los plazos
El proyecto permite la intervención por un plazo máximo de cuatro meses, salvo en “los casos de extrema gravedad o de difícil investigación, en los que el Juez, mediante resolución fundada, disponga una prórroga”.
La solicitud, que deberá realizarla la fiscalía, deberá estar por escrito, expresar y justificar sus motivos y cometidos, “e indicar el nombre de los oficiales a cargo de la investigación, con el propósito de que puedan ser valorados por el Tribunal”.
Excepcionalmente, se podrán ordenar, por igual plazo, hasta dos prórrogas como máximo. La intervención no podrá exceder el plazo máximo de un año.
Al proyecto se le dará segundo debate el próximo martes 25 de junio y una vez aprobado pasará al Poder Ejecutivo para su firma y posterior aplicación.
