La Asociación Bancaria Costarricense (ABC) se opone a un impuesto a las transacciones financieras y advierte que afectará de forma directa a todos los clientes, desincentivando el ahorro y motivando a las personas a usar dinero en efectivo, es decir, favoreciendo la desbancarización.
El Gobierno está considerando un impuesto sobre cada transacción que una persona o empresa realice a través de una entidad financiera como parte de una propuesta al Fondo Monetario Internacional (FMI).
Las personas tendrían que pagar un impuesto de ¢3 por cada ¢1.000 en cada transacción que realice a través de un banco, financiera, mutual, puesto de bolsa o alguna otra entidad financiera.
El impuesto podría afectar a las empresas al momento en que paguen planillas, a las personas cuando cancelen las cuotas de sus créditos o paguen los servicios públicos, o cada vez que se utilice una plataforma bancaria para mover dinero de una cuenta a otra.
Como ejemplo, la Asociación señala que si un cliente saca ¢10.000 de su cuenta por medio del cajero automático, el Gobierno le cobrará ¢30. Si va al supermercado y paga ¢200.000 colones, el impuesto será de ¢600. Para un préstamo de ¢60 millones, tendrá que pagar un impuesto de ¢60.000.
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“Los bancos reconocen la grave situación que atraviesa el país y han realizado grandes esfuerzos para apoyar a los sectores más afectados, pero nos parece que este impuesto, en el que las entidades financieras serían recaudadoras, tiene implicaciones negativas para todos los clientes, indistintamente si son personas o empresas. Además, llegaría en medio de una coyuntura muy complicada, producto de la crisis generada por la COVID-19 y la situación fiscal del país”, dijo Mario Gómez, asesor legal de la ABC.
Además, las personas y empresas aprenderían a eludir el pago del impuesto, generando fuga de capitales a cuentas en el extranjero (offshore) y conduciría a un crecimiento en el sector informal, según los bancos.
Las empresas tendrán que pagar el impuesto cuando hagan pagos de salarios, servicios públicos o créditos, cuando compren insumos o materias primas, es decir, tendrán que pagar el impuesto en cada etapa del proceso productivo.
Por eso, la ABC argumenta que el impuesto podría tener un impacto en cascada sobre los costos de producción y los precios al consumidor final, dependiendo de cómo se plantea.
Aunque la aplicación de este impuesto es una fuente de ingresos inmediata para el Gobierno, con los montos recaudados a partir de transacciones en tiempo real bajo la responsabilidad de los bancos, la ABC pide que se tomen en cuenta los aspectos negativos que traería consigo la medida.
“Un nuevo impuesto en la coyuntura actual es sin duda un golpe para los costarricenses y un retroceso en el proceso de bancarización que las entidades financieras han impulsado por años”, concluyó Gómez.