El Gobierno aseguró este miércoles que sí apoya el cultivo de cáñamo en el país pero tomó distancia de otras regulaciones para el cannabis.
La postura llega luego que de los diputados dictaminaran la “Ley de Cannabis para uso medicinal y terapéutico y del cañamo para uso alimentario e industrial”.
“El cáñamo es una industria mundial en desarrollo, con expectativas de crecimiento que rondan el 22%. Se estima que la utilidad en cuanto a sus derivados podría ser de hasta un aproximado de $10.000 dólares estadounidenses por hectárea”, indicó el Gobierno.
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Casa Presidencial tomó distancia, eso sí, de lo correspondiente a otros usos del cannabis.
“Por razones de seguridad y salud pública, no considera oportuna la legalización ni comercialización del cultivo del Cannabis Sativa L (conocida como marihuana), variedad de la planta que cuenta con capacidad psicoactiva, dado que, actualmente, el Estado no cuenta con los recursos que requeriría el control de su producción, comercialización y consumo, para velar porque no termine afectando la salud y la seguridad de los ciudadanos”, agregaron en un comunicado.
Gobierno se enreda en el cáñamo
La siembra de cáñamo había sido una de las pocas propuestas de reactivación económica presentadas por el presidente Carlos Alvarado en su informe anual de labores.
“Impulsaremos el cultivo del cáñamo para reactivar el sector productivo, con todas las garantías y seguridad del caso”, indicó en el discurso del 4 de mayo.
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Contradictoriamente, los ministros de Agricultura y Seguridad pidieron luego a los diputados rechazar la siembra de cáñamo.
Entre otros motivos expusieron posible delincuencia y problemas de control.
“Legalizar la plantación de marihuana en el país y las dificultades para su control estarían potenciando las actividades organizadas por criminales”, indicó vía oficio el ministro Renato Alvarado.
¿Qué busca la ley?
La iniciativa es impulsada por la diputada Zoila Rosa Volio y pretende autorizar el aprovechamiento de la planta como parte del derecho a la salud.
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A la vez, busca permitir la producción y comercialización del cáñamo de uso industrial y alimentario.
Según el plan, se generaría empleos, así como ingresos frescos al Estado mediante impuestos.
