Un nuevo proyecto de ley para el cierre total del Consejo Nacional de Producción (CNP) se presentó a la corriente legislativa este lunes por parte de la diputada liberal Kattia Cambronero.
El plan será analizado en una comisión legislativa, donde tendrá que pasar por una etapa de audiencias, consultas, mociones y dictamen previo a su votación en el Plenario.
Cambronero expone al menos cinco motivos que justifican su iniciativa.
Estos son:
- Riesgo financiero: La legisladora señaló que hay un riesgo financiero del CNP dado que un 86% de su capacidad operativa y administrativa está en peligro significativo. Esto con base en una auditoría realizada en 2020. Mientras que al 31 de marzo del 2022 la institución mantenía deudas por ¢37.499 millones, además de los ¢26.646 millones de la Fábrica Nacional de Licores (Fanal), sumando así más de ¢64.000 millones en deudas.
En contraparte, cuenta con activos por ¢20.000 millones.”El desequilibrio patrimonial y financiero del CNP lo ha llevado a un proceso de descapitalización. Esto por cuanto en cada periodo sus activos productivos no han tenido la capacidad necesaria para generar los beneficios económicos suficientes que contribuyan con la sostenibilidad de la institución”, destacó. - No es eficiente: Por otra parte, la congresista argumenta que el Programa de Abastecimiento Institucional no es eficiente, dadas las múltiples quejas de instituciones públicas. Actualmente, solo el CNP está autorizado a proporcionar alimentos a entidades como la Caja Costarricense de Seguro Social y el MEP mediante Juntas de Administración y Juntas de Educación.
Esto se suma a estudios que han demostrado sobreprecios por parte de los intermediarios al Consejo.
Por ejemplo, la congresista utiliza el estudio realizado por la Universidad Nacional (UNA) denominado “Efectos del PAI en la cadena de valor del frijol en Costa Rica”, donde se demuestra que los intermediarios compran el quintal en ¢25.000 y lo venden en ¢52.000 al CNP. - Deudas del PAI: Esto ha conllevado a que el PAI tenga deudas por ¢58.496 millones.”La Contraloría también ha detectado problemas en el PAI con el uso de los recursos provenientes de los márgenes de intermediación y ausencia de una metodología que permita dar un sustento técnico robusto para la fijación de los bienes transados por el Programa”, justificó.
- Duplicidad de funciones: Con respecto a este punto, la diputada se basa en análisis realizados por la Contraloría General de la República (CGR) donde se determina que hay duplicidad en todas sus funciones.”En algunos casos, existen instituciones que realizan hasta el 87% de las actividades totales que el CNP también efectúa; y del total de las 23 actividades, al menos una institución pública ya realiza la misma tarea. Incluso, seis instituciones repiten al menos una tarea similar al CNP, lo cual equivale a un 26% del total de las actividades”, justificó Cambronero.
- Ejecución presupuestaria: Según la diputada, desde el 2012, contabiliza seis años con subejecución presupuestaria. El promedio de ejecución desde ese año hasta el año en curso es de 90.83%, según señala la iniciativa. Cabe destacar que la ejecución presupuestaria en 2022 es de 20,19% al 13 de junio.
Además, en 2020 hubo una ejecución de 107.64% debido a la pandemia, por su rol de proveedor de alcohol mediante la Fanal.
El plan de Cambronero incluye transformar el PAI en la Promotora de Comercio Agrario (Proagro) mediante la cual se seguirá abasteciendo a entidades públicas.
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“Es decir, conservar la idea original del programa, pero haciéndolo competitivo y eficiente. Dándole prioridad a aquellos productos provenientes de los micro, pequeños y medianos productores agropecuarios y agroindustriales, pesqueros y acuícolas del país”, dijo la liberal.
“Otro cambio importante que se propone es que tanto instituciones públicas como de sector privado podrán comercializar por medio de ProAgro”, puntualizó.
El plan es liderado por la liberal Kattia Cambronero.
Venta de acciones de Fanal
Adicionalmente, el plan busca autorizar la venta del 49% de las acciones de Fanal. Para ello, se deberá realizar un avalúo del valor y el cartel quedaría en manos del Ministerio de Economía, Industria y Comercio.
El restante 51%, queda en manos del Estado. Pero, el proyecto de ley, faculta a establecer un fondo de beneficio para los trabajadores por un monto máximo del 2% de las acciones.
“Los beneficios otorgados por medio de este fondo no serán parte del salario del trabajador, ni se prolongarán más allá de la relación laboral”, establece el proyecto.
Se pretende que la venta del 49% de las acciones sean recursos para amortizar a la deuda pública.
Este nuevo plan para la venta de CNP y/o Fanal, se suma a intentos recientes que no tuvieron fruto en el cuatrienio 2018-2022.
Por ejemplo, el exdiputado Pablo Heriberto Abarca, planteó el cierre del CNP mediante el expediente 21.464.
Con esta iniciativa, se pretendía el traslado de las funciones del CNP al Ministerio de Agricultura y Ganadería y los de la Fábrica Nacional de Licores se incorporarían a la Liga Agrícola Industrial de la Caña de Azúcar (Laica) a manera de sociedad anónima.
“Ya no hay tiempo”, indicó Abarca cuando presentó el plan. No obstante, el 19 de octubre de 2021, la Comisión de Asuntos Económicos archivó el plan.
De ese mismo periodo, quedó presentado el expediente 23.075 por parte del socialcristiano Pedro Muñoz, para la apertura del monopolio de Fanal, sin que tenga ningún avance a la fecha.
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